Un nuevo reporte de control concurrente, del 9 de mayo, puso en evidencia que el Departamento de Abastecimiento de Congreso de la República determinó al doble del precio del mercado el valor estimado para la adquisición e instalación de 93 equipos de aire acondicionado, al doble del precio del mercado.

Según “Cuarto Poder” y otros medios de comunicación capitalinos, el precio ascendía a unos S/500 mil, pero con la sobrevaloración bordeaba el S/1 millón 316 mil. Por acuerdo de la Mesa Directiva presidida por Alejandro Soto, se acordó su entrega mediante una adjudicación directa, un proceso de selección excepcional a la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuarto Poder revela compra de equipos de aire acondicionado en el Congreso, con precios inflados de hasta el 200%.@SolCn pic.twitter.com/RxAoXa71tF

— Exponiendo Políticos ???????????? (@Peru_informado) May 27, 2024

De este modo, se autorizó la adquisición e instalación de equipos de aires acondicionados para instalar en 10 edificios del Congreso: 6 en el Palacio Legislativo, 23 en el edificio Luis Alberto Sánchez, 15 en el edificio Fernando Belaunde Terry, 7 en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, 4 en el edificio Roberto Ramírez del Villar, 1 en la cochera de la avenida Abancay, 22 en el Palacio Legislativo, 1 en el hospicio Ruíz Dávila, 9 en el edificio José Faustino Sánchez Carrión.

Según el estudio de mercado del Parlamento, el precio unitario de un equipo de aire acondicionado tipo split pared 24 mil btu/h, tecnología inverter, es de S/4.743. Sin embargo, este mismo producto, en el portal Perú Compras, está S/2.869, es decir, una diferencia de S/1.874.

Lo mismo ocurre con el precio unitario del equipo de aire acondicionado tipo split techo de 48 mil btu/h. El Congreso cotiza cada unidad en S/17.700, pero en el portal de Perú Compras ese mismo equipo está S/6.000, es decir, S/11.700 menos, una diferencia de 195%.

Además, el informe de indagación de mercado nro. 01-2024, con fecha 19 de marzo, determinó que las empresas inmobiliarias TWD S.A.C., JJD Refrigeración y Servicios SAC, y Comercial Refrigeración Perú S.A.C., cumplían con los requisitos para ganar la adjudicación directa de un contrato millonario.

Lo extraño es que Inmobiliaria TWD, una de las empresas validadas en el estudio de mercado del Poder Legislativo, no tiene experiencia en la venta ni instalación de equipos de aire acondicionado, según lo advierte el informe de control interno.

Incluso, durante una visita a la Inmobiliaria TWD, ubicada en surco, se descubrió que su competidora en el estudio hecho por el Congreso, Comercial y Refrigeración Perú S.A.C., mejor conocida como Refri Perú, pertenece al mismo grupo económico.

Niega irregularidades

Al respecto, el jefe del Departamento de Abastecimiento del Parlamento, Erick Moncada, rechazó que su gestión haya inflado los precios del equipamiento del policlínico y de los aires acondicionados.

En declaraciones al dominical, aseguró que la situación adversa identificada por el órgano de control interno ya fue desestimada y que la adjudicación de los aires acondicionados ya se hizo, pero a un nuevo proveedor.

“Nosotros no podemos decirle a una empresa privada: ‘sabes qué, cotízame menos’ porque tienen su utilidad”, quien evitó dar mayores respuestas.

Lo llamativo es que el reporte de situaciones adversas de la Contraloría General de la República los alertó el 9 de mayo y les otorgó 2 días hábiles para subsanar dicha situación.

Tras ello, según el acta del comité, se está adjudicando la compra de equipos de aire acondicionado, instalación, garantía, gastos financieros y supervisión por S/768 mil. No obstante, no incluyen los planos eléctricos para su instalación.

#CongresoInforma I La verdad sobre el “supuesto” sobrecosto en la ejecución de bienes y servicios en el Parlamento, el jefe de la Oficina de Abastecimiento del Congreso responde sobre los procesos de contrataciones en el Parlamento y desmiente reportaje de @CuartoPoder. pic.twitter.com/G87qgrt0fO

— Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) May 27, 2024

Nuevos delitos

Al respecto, José Antonio Trelles, experto en contrataciones del Estado, advirtió que se estaría frente a un presunto delito de colusión porque el monto claramente está sobrevalorado y los precios están “inflados”.

“Aquí estamos ante un presunto delito de colusión porque la actuación de estas empresas no podría haberse producido si no se producía el acto posterior, que es la validación de esas propuestas sobrevalorados como un precio que debía pagar el Estado”, indicó.

Fuente: EC, Cuarto Poder y Panamericana TV