En el segundo semestre se iniciarán diversos servicios de control para determinar responsabilidades durante emergencia COVID-19, pero que corren el riego de quedar solo en el papel.

LIMA | El contralor general, Nelson Shack, formuló un llamado al Congreso de la República para debatir y aprobar el proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras de los funcionarios y servidores públicos a quienes la Contraloría determine responsabilidad administrativa funcional como resultado del control posterior, ya que ello permitirá aplicar sanciones severas a los responsables de casos de corrupción y disminuir la sensación de impunidad que ahora se refleja por la imposibilidad de ejercer la facultad sancionadora del máximo ente del Sistema Nacional de Control.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, señaló que en la actual coyuntura de emergencia por la COVID-19 se necesita establecer conductas infractoras tipificadas en la ley que sean mucho más precisas y rigurosas, así como sanciones más severas.

También aclaró que mientras más demore en aprobarse esta ley, no se podrá sancionar a los responsables de hechos irregulares durante la emergencia sanitaria, debido a que la ley no es retroactiva y recién se aplicará a hechos ocurridos luego de su publicación.

Solo Informes de control

Al cierre del mes de junio, la Contraloría General publicó 6,543 informes como parte de la “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, orientados a garantizar el buen uso de los recursos públicos destinados a la atención de la población y contención de la enfermedad en el país.

De los 6,543 informes publicados, 2,895 corresponden a orientaciones de oficio, 2,670 a informes de control concurrente y 971 a visitas de control.

Casos emblemáticos

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Shack dio detalles de los informes de control realizados a casos emblemáticos como el programa Reactiva Perú, la adquisición y entrega de canastas básicas familiares a hogares vulnerables, así como a la compra de tabletas para escolares y docentes de zonas rurales como parte del programa “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”. En el informe se detectaron riesgos que podrían afectar la entrega de los equipos en los plazos establecidos, la conectividad adecuada de los mismos, entre otros aspectos.