En casi todos los nombramientos de altos cargos del Estado, el presidente Pedro Castillo comete faltas de orden ético y de carencia de idoneidad de los designados.

Está demostrado técnicamente que la designación de cargos de confianza (ministros y todo el resto) sin perfil adecuado es el caldo de cultivo de la corrupción.

La Contraloría General del Estado advierte una “situación adversa” en el proceso de designación de la procuradora general de Estado, María Caruajulca Quispe, funcionaria nombrada por el presidente Pedro Castillo y el exministro de Justicia Ángel Yldefonso tras destituir a Daniel Soria Luján. (había denunciado ante la Fiscalía al presidente Castillo por tráfico de influencias)

Según el informe de orientación, durante el proceso, ni el Ministerio de Justicia ni la Procuraduría General del Estado cumplieron con requerir a Caruajulca Quispe la declaración jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.

“No obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho, situación que origina el riesgo de afectación al principio de justicia y equidad; así como, se mantengan relaciones laborales en conflicto por el cumplimiento de funciones a cargo”, alerta el informe.

Ante la omisión, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Justicia solicitó a la PGE un informe detallado sobre las denuncias en las que está involucrada María Caruajulca. La Oficina de Control Funcional de la institución respondió que existe una denuncia que implicaría a la titular de la Procuraduría.

Se trata de una denuncia contra Caruajulca por “inacción en la defensa jurídica” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial”. Ello cuando se desempeñaba como procuradora pública de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Según la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional, la actual procuradora no ratificó una denuncia ante la Comisaría y no inició acciones legales contra una funcionaria por presunta falsificación de documentos.

El Informe de la Contraloría (leer completo aquí abajo) también advierte que la labor de la Oficina de Control Funcional —despacho encargado de evaluar, supervisar, controlar, fiscalizar, instruir y sancionar en primera instancia a los/las procuradores— podría verse afectado debido a que depende administrativa y funcionalmente de la Procuraduría General del Estado.

“La situación adversa (...) hace posible que la labor de evaluación de esos hechos sea afectada en su imparcialidad al tratarse de asuntos acaecidos en la época en que la actual procuradora general del Estado se desempeñaba como procuradora pública de la Municipalidad distrital de SJL, ocasionando a su vez el riesgo de afectar el principio de justicia y equidad; así como, de mantenerse relaciones laborales en conflicto con el cumplimiento de funciones a cargo de la PGE y de su titular”, reza el documento.

Piden que se tomen acciones

El informe de control recomienda que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, sobre la situación adversa detectada en el proceso de designación de María Caruajulca, “adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan”.

En el oficio remitido al titular de Justicia, se requiere que Chero informe sobre el plan de acción a tomar en un plazo de 10 días después de recibir el documento.

Fuente: La Republica.