Hace un par de días, el medio de comunicación “La Encerrona” reveló que hubo un hackeo (Hackers Guacamaya)  masivo a las fuerzas armadas de varios países latinoamericanos, incluyendo al Perú.

La información periodística muestra que el Ejército Peruano tiene como práctica irregular realizar seguimiento a organizaciones civiles, políticos de izquierda, autoridades civiles e incluso organizaciones no gubernamentales internacionales.

En este sentido, en un informe de inteligencia del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano se identifica a CooperAcción como un agente que «infiltra» a las organizaciones sociales con una agenda «antiextractiva», junto con otras instituciones como IDL, Derechos Humanos sin Fronteras y Amnistía Internacional.

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Rechazamos que instancias de inteligencia del Ejército nos incluyan como un agente desestabilizador en el denominado corredor minero. Nos parece grave que se tergiverse la labor de las organizaciones que trabajan por los DD.HHhttps://t.co/8OIEKpjtYk

— CooperAccion (@CooperAccionPER) October 6, 2022

Frente a esta situación queremos expresar nuestra sorpresa y rechazo a que las instancias de inteligencia del Ejército peruano nos incluyan como un agente desestabilizador en el territorio denominado “corredor minero”. Nos parece muy grave que se pretenda tergiversar el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de la vigencia y respeto de los derechos humanos.
 

Rechazamos que el Ejército nos incluya como un agente desestabilizador en el denominado corredor minero. Es grave que se busque tergiversar el trabajo de la sociedad civil en favor del respeto de los DD.HH.
 
Es evidente que los supuestos aparatos de inteligencia no están cumpliendo bien con su labor, porque su análisis sobre la situación en el llamado corredor minero es completamente errado, y no están entendiendo las razones de la conflictividad social en la zona, y como siempre buscan chivos expiatorios a los que se le pueda echar la culpa.

Quiénes somos

CooperAcción es una organización que tiene 25 años promoviendo y defendiendo los derechos humanos y de pueblos indígenas, así como el buen vivir en territorios donde se realizan actividades extractivas. A partir de ello, impulsa cambios en las políticas públicas a fin de contribuir a la construcción de un país más democrático, sostenible y justo.
 

En ese sentido, en el sur andino hemos sido y somos asesores del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas para su participación en la Mesa de Diálogo provincial. En ese espacio, hemos contribuido a que las organizaciones que conforman el Frente precisen su problemática, alcancen una agenda para el diálogo y elaboren sus propias propuestas. Lamentablemente, el Estado y la empresa no le han dado relevancia a este espacio que ya tiene 6 años de existencia y que tiene muy poca vida institucional.
 

En Apurímac, nosotros no asesoramos a ninguna comunidad de la zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas. Ellas tienen sus abogados de ejercicio libre, que pertenecen al sector privado. Tenemos entendido que muchos abogados se han acercado a las comunidades a ofrecer sus servicios y aparentemente habrían sido contratados con compromisos de pagos futuros por parte de algunas comunidades. Esto no lo dice el documento del Comando Operacional del Sur del Ejército Peruano y debiera saberlo, porque es algo por todos conocido.
 

En Espinar (Cusco), brindamos asesoría a dos comunidades que están negociando sus tierras en el contexto del proyecto «ampliación Coroccohuayco». Nuestro propósito es que se garantice sus condiciones de existencia ya que corren el riesgo de desaparecer. Este trabajo de asesoría debería ser realizado por el Estado pero, lamentablemente, no lo hace.

Nosotros también producimos, sistematizamos y analizamos información sobre los territorios. A veces el Estado no tiene un mapa de actores claro, o no conoce las situaciones o los hechos que ocurren en detalle, y menos realiza el análisis de ellos. Nosotros hacemos este ejercicio para que el Estado tenga una intervención más eficaz. También promovemos que las comunidades campesinas participen de la gobernanza de sus territorios. Esto quiere decir, que puedan cuidarlo, recuperarlo, usarlo para su bienestar, con responsabilidad. Con ellas realizamos ordenamiento territorial comunal. También, es un desafío en estos territorios la seguridad y soberanía alimentaria y una producción sostenible. Para ello, asesoramos a las comunidades en la formulación e implementación proyectos productivos (tales como técnicas de riego, fitotoldos o crianza de cuyes) y su participación en ferias de productores, así como en concursos estatales para acceder a fondos públicos para financiar sus proyectos productivos.
 

Queremos enfatizar que CooperaAcción apuesta por una cultura de paz y de diálogo, por vías institucionales, pácificas y de diálogo para la resolución de conflictos. Nuestro trabajo en los territorios es de conocimiento público y transparente y estamos permanentemente abiertos al diálogo con la prensa, la sociedad civil, las empresas presentes en los territorios y las autoridades del Estado en todos sus niveles.

Fuente: CooperAccion