Las autoridades israelíes han provocado el desplazamiento forzado, masivo y deliberado de civiles palestinos en Gaza desde octubre de 2023, lo que las hace responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
   

No hay ninguna razón militar imperiosa que justifique el desplazamiento masivo, repetido en ocasiones, de casi toda la población de Gaza. Lejos de garantizar la seguridad de la población civil, las “órdenes de evacuación” militares han causado graves daños.

    Los gobiernos deben aplicar sanciones selectivas y otras medidas, además de suspender la venta de armas a Israel. El fiscal de la Corte Penal Internacional debería investigar el desplazamiento forzado y la prohibición del derecho al retorno impuesta por Israel como crímenes de lesa humanidad.

JERUSALÉN |  Las autoridades israelíes han provocado un desplazamiento forzado masivo y deliberado de civiles palestinos en Gaza desde octubre de 2023, lo que las hace responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

Este informe se presenta en un momento en que la campaña militar israelí en el norte de Gaza ha desencadenado probablemente una nueva ola de desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles.

El informe de 154 páginas “‘Hopeless, Starving, and Besieged’: Israel’s Forced Displacement of Palestinians in Gaza” (“‘Sin esperanza, hambrientos y asediados’: el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza por parte de Israel”) examina cómo las acciones de las autoridades israelíes han provocado el desplazamiento de más del 90% de la población de Gaza (1,9 millones de palestinos) y la destrucción extensiva de gran parte del territorio en los últimos 13 meses. Las fuerzas israelíes han realizado demoliciones controladas y deliberadas de viviendas e infraestructura civil, incluso en zonas donde parecen buscar crear “zonas de amortiguación” y “corredores” de seguridad, lo que probablemente conlleve el desplazamiento permanente de los palestinos de esas áreas. Al contrario de lo que afirman los funcionarios israelíes, estas acciones no cumplen con las leyes de la guerra.

“El gobierno israelí no puede alegar que protege a los palestinos mientras los ataca en sus rutas de escape, bombardea las llamadas zonas seguras y corta el suministro de alimentos, agua y servicios de saneamiento”, expresó Nadia Hardman, investigadora en derechos de refugiados y migrantes de Human Rights Watch. “Israel ha violado flagrantemente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo a su paso en amplias áreas”.

Human Rights Watch entrevistó a 39 palestinos desplazados en Gaza, analizó el sistema de evacuación de Israel, incluyendo 184 órdenes de evacuación e imágenes satelitales que confirman una destrucción generalizada, y verificó videos y fotografías de ataques en zonas seguras y rutas de evacuación designadas.

Las leyes de conflicto armado aplicables en territorios ocupados permiten el desplazamiento de civiles sólo excepcionalmente, por razones militares imperativas o para la seguridad de la población, y exigen salvaguardias y alojamiento adecuado para recibir a los civiles desplazados. Los funcionarios israelíes afirman que, como los grupos armados palestinos están combatiendo entre la población civil, el ejército ha evacuado legalmente a los civiles para atacar a los grupos, limitando al mismo tiempo el daño a los civiles. La investigación de Human Rights Watch demuestra que esta afirmación es en gran medida falsa.

Human Rights Watch ha descubierto que no hay ninguna razón militar imperativa plausible que justifique el desplazamiento masivo, repetido en ocasiones, de casi toda la población de Gaza, a menudo en múltiples ocasiones. El sistema de evacuación de Israel ha dañado gravemente a la población y a menudo sólo ha servido para propagar el miedo y la ansiedad. En lugar de garantizar la seguridad de los civiles desplazados, las fuerzas israelíes han atacado repetidamente las rutas de evacuación designadas y las zonas seguras.

Las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones, o no se han comunicado en absoluto. Las órdenes no han tenido en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y otras personas que no pueden irse sin ayuda.

Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar instalaciones adecuadas para alojar a los civiles desplazados, pero las autoridades han bloqueado el suministro, salvo una pequeña fracción, de la ayuda humanitaria necesaria, agua, electricidad y combustible a los civiles necesitados de Gaza. Los ataques israelíes han dañado y destruido recursos que la población necesita para seguir viva, incluidos hospitales, escuelas, infraestructuras de agua y energía, panaderías y tierras agrícolas.

Israel también tiene la obligación de permitir el regreso de las personas desplazadas a sus hogares tan pronto como cesen las hostilidades en la zona. Sin embargo, ha dejado partes de Gaza inhabitables. El ejército israelí ha demolido o dañado gravemente la infraestructura civil de manera intencionada, realizando incluso demoliciones controladas de viviendas, con el aparente objetivo de crear una “zona de amortiguación” ampliada a lo largo del perímetro de Gaza con Israel y un corredor que dividirá Gaza. La magnitud de la destrucción sugiere una intención de desplazar permanentemente a muchas personas.

Israel debe respetar el derecho de los civiles palestinos a regresar a las zonas de Gaza de las que han sido desplazados. Durante casi ocho décadas, las autoridades israelíes han negado el derecho al retorno al 80% de la población de Gaza, que consiste en refugiados y sus descendientes, quienes fueron expulsados o huyeron en 1948 de lo que hoy es Israel, en lo que los palestinos denominan la “Nakba” o catástrofe. Esta violación continua pesa sobre la experiencia de los palestinos en Gaza, y muchas personas entrevistadas describen estar viviendo una segunda Nakba.

Desde el inicio de las hostilidades, altos funcionarios del gobierno israelí y del gabinete de guerra han expresado su intención de desplazar a la población palestina de Gaza. Ministros del gobierno han declarado que el territorio será reducido, que la destrucción de Gaza es “hermosa” y que la tierra será entregada a colonos. En noviembre de 2023, Ministro de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Avi Dichter, expresó: “Ahora estamos desplegando la Nakba de Gaza”.

Human Rights Watch concluyó que el desplazamiento forzado ha sido generalizado y que la evidencia sugiere que ha sido sistemático y parte de una política de Estado. Estos actos también constituyen crímenes contra la humanidad.

Es probable que las autoridades israelíes planeen hacer permanente el desplazamiento violento y organizado de palestinos de Gaza, quienes pertenecen a otro grupo étnico, en las zonas de amortiguación y los corredores de seguridad. Estas acciones de las autoridades israelíes constituyen una limpieza étnica.

Durante décadas, las víctimas de graves abusos en Israel y Palestina se han enfrentado a un muro de impunidad. Los palestinos de Gaza han vivido bajo un bloqueo ilegal durante 17 años, lo que forma parte de los continuos crímenes de apartheid y persecución que las autoridades israelíes han cometido contra el pueblo palestino.

Los gobiernos deberían condenar públicamente el desplazamiento forzado de la población civil de Gaza por parte de Israel como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, y presionar al país para que ponga fin a estos crímenes y cumpla con las múltiples resoluciones vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, así como con las obligaciones establecidas en su opinión consultiva de julio.

El fiscal de la Corte Penal Internacional debería investigar el desplazamiento forzado y la prohibición del derecho al retorno impuestos por Israel como un crimen contra la humanidad. Además, los gobiernos deberían condenar públicamente cualquier intento de intimidar o interferir en el trabajo de la corte, sus funcionarios y quienes cooperan con ella.

Los gobiernos deben implementar sanciones específicas y otras medidas, incluyendo la revisión de sus acuerdos bilaterales con Israel, para presionar al gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales de protección a la población civil.

Estados Unidos, Alemania y otros países deberían suspender de inmediato las transferencias de armas y la asistencia militar a Israel. Si continúan proporcionándole armas, corren el riesgo de ser cómplices de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos.

“Nadie puede negar los crímenes atroces que el ejército israelí está cometiendo contra los palestinos en Gaza”, dijo Hardman. “La transferencia de armas y asistencia adicionales a Israel por parte de Estados Unidos, Alemania y otros países es un cheque en blanco para más atrocidades y los pone cada vez más en riesgo de ser cómplices”.