Hablemos claro y tendido: El objetivo de estos miembros del TC es blindar y restituir en el cargo a la operadora del fujicerronismo la exfiscal suspendida Patricia Benavides, y por carambola preparar el terreno judicial para hacer descarrilar el juicio oral contra Keiko Fujimori en agosto próximo. Punto.
Ya indultaron unilateralmente al tirano expresidente Alberto Fujimori.
El interés colectivo peruano para el TC 2024 es la menor de sus precoupaciones.
La resolución emitida por cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para intentar salvar a Patricia Benavides, la fiscal suspendida y presuntamente implicada en una organización criminal, ha generado impactos, tanto en la institucionalidad democrática del país, como en el sistema normativo y judicial, según advierten el Colegio de Abogados de Lima y especialistas en derecho constitucional.
La decisión exprés de dicha instancia, sin embargo, aún no logra bloquear el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría culminar con la destitución de la otrora fiscal de la nación. Los días siguientes, entonces, serán igual de intensos para los distintos actores de la presente crisis política.
Impacto en la democracia
El Colegio de Abogados de Ayacucho fue la primera organización que salió ayer a pronunciarse, en medio del notorio adormecimiento de la mayoría de organizaciones de los profesionales del derecho. “Lamentamos que no existan razones constitucionales y legales en el proceder de los miembros del TC”, expresan los abogados ayacuchanos, quienes, además, realizaron ayer una vigilia “en defensa del Estado de derecho y la constitucionalidad”.
Sobre la marcha ayer también se pronunció el Colegio de Abogados de Lima y alertan sobre el impacto del fallo del actual TC en la institucionalidad democrática. “La reciente decisión del TC debilita el régimen democrático del país”, comentan.
Esta organización hace hincapié en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, que establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas que se encuentran pendientes en el Poder Judicial, ni interferir en el ejercicio de sus funciones de este importante poder del Estado.
Y es que, contrario a dicha disposición constitucional, cinco magistrados del TC suspendieron la medida cautelar del Poder Judicial que había permitido el retorno de Aldo Vásquez e Inés Tello a sus cargos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el marco de una demanda de amparo que aún está pendiente de una decisión sobre el fondo.
Los cinco miembros del TC que emitieron dicha resolución son Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández. Todos elegidos por el actual Congreso, dominado en la práctica por la bancada Fuerza Popular.
El proceso contra Benavides
Con el fallo del TC, ahora la JNJ se queda con cinco miembros. Se trata del mínimo del quorum que todavía permite a esta instancia votar la propuesta de destitución de Patricia Benavides, cuyo proceso sigue en curso.
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El próximo 30 de abril es la última audiencia ante la JNJ, con participación de Enma Benavides. Luego, el ponente, que es uno de los cinco miembros vigentes, presenta su proyecto de resolución. La norma precisa que se requiere una mayoría simple para aprobar la sanción.
Es decir, bastaría tres votos en esta nueva composición de la JNJ para concretar la destitución de Patricia Benavides, por el caso de la separación de la fiscal Bersabeth Revilla para proteger a su hermana Enma Benavides.
Fuente: La Republica
Colegio de Abogados de Ancash
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