El gobierno declaró el estado de emergencia en diversas localidades del país, entre ellas los departamentos de Cusco, Lima y Puno, y en la provincia constitucional del Callao.

La medida consta en el Decreto Supremo N° 009-2023-PCM, publicado anoche en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Su aplicación se inicia hoy y se prolongará durante los siguientes 30 días calendario.

La declaración del estado de emergencia abarca, además de a las jurisdicciones mencionadas, a la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac; así como a las provincias de Tambopata y Tahuamanu, en Madre de Dios.

De igual modo, se dispone la aplicación de dicho estado de excepción al distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Carreteras

En el estado de emergencia también figuran las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánica Sur.

Se indica que en las circunscripciones antes mencionadas quedan suspendidos los derechos constitucionales de la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, de reunión, y de libertad y seguridad personales.

Por otro lado, se señala en el decreto supremo que desde hoy, y por diez días calendario, se aplicará en el departamento de Puno la inmovilización social obligatoria, entre las 20:00 y las 04:00 horas.

En cuanto a la participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se indica que esta se encuentra regulada por los decretos legislativos 1186 y 1095, referidos al uso de la fuerza por parte de dichas instituciones, respectivamente.

Argumentan estas disposiciones oficios emitidos por la Comandancia General de la Policía y la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de esta institución, que recomiendan la declaratoria de emergencia en las jurisdicciones y en las vías mencionadas debido a conflictos sociales “registrados a partir del 4 de enero”.

Este decreto supremo es suscrito por la presidenta Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; y los ministros de Defensa, Interior y Justicia.