El presidente electo, Pedro Castillo, debe alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos de corrupción, afirmó en un pronunciamiento público la Defensoría del Pueblo, en el que también lo felicita por su victoria electoral.

“El presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, indica en su comunicado.

Para la institución que dirige Walter Gutiérrez, “la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.

En las redes sociales de inmediato vincularon este mensaje de Gutiérrez y la Defensoría con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, o aprovechamiento del cargo, cuando era gobernador regional de Junín.

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Recientemente, la Procuraduría Anticorrupción de Junín solicitó al Ministerio Público incluir al también fundador de Perú Libre en la investigación a la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”. En esa misma solicitud se incluye, además, levantar su secreto bancario y de las comunicaciones desde el 2019.

Daños a la economía

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo explicó que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles al erario nacional y que el costo de ese problema al país no solo es económico. También es “un obstáculo para que se garantice el pleno goce de los derechos fundamentales y (para) una adecuada prestación de servicios públicos” a los ciudadanos, indica.

“En atención al grave impacto social de la corrupción, el TC ha sostenido que ella constituye un atentado contra el Estado social y democrático de derecho, lo cual obliga al Estado y especialmente al presidente de la República a adoptar medidas concretas a fin de combatirla”.

En el pronunciamiento, la Defensoría felicitó a Castillo por su victoria en las elecciones y expresó sus “deseos de éxito por el progreso del país”.

Comentarios

Posición. En las redes sociales, el comunicado de la Defensoría recibió comentarios favorables, pero también críticas.

Silencio. Le recordaron a Gutiérrez que la Defensoría no se pronunció cuando se lanzaron amenazas de quiebre al orden democrático, en el ataque a las autoridades electorales y frente a la ola de desinformación.

Por todas estas razones, consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción.