Frente a la decisión del Ministerio Público de ampliar la investigación por los graves actos de corrupción en el sector transporte a efectos de incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, expresa lo siguiente:

1. Destacamos la decisión del Fiscal de la Nación de llevar a cabo actos de investigación contra el mandatario, pues contribuye a cumplir el deber constitucional de combatir la corrupción en todos los niveles del Estado. El Ministerio Público debe llevar a cabo una acción diligente y oportuna frente a los actos de corrupción, los cuales generan grave impacto en la institucionalidad del país y en el efectivo goce de los derechos de las personas.

2. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado, en primer lugar, a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y posteriormente al actual titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, solicitando que no suspenda la investigación contra el presidente Pedro Castillo. Así, se indicó que no llevar a cabo los actos de investigación y permitir que con el paso del tiempo se pierdan valiosos medios de prueba, era incompatible con el deber constitucional de luchar contra la corrupción y el rol que deben cumplir los fiscales frente a la comisión de delitos.

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3. En esa línea, exhortamos al Ministerio Público a llevar a cabo todas las diligencias necesarias que permitan el acopio de material probatorio para el esclarecimiento de los graves actos de corrupción cometidos en el actual gobierno. Solo así, podrá asegurar que los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos no queden impunes.

4. Como hemos señalado, si bien el artículo n.° 117 de la Constitución contempla que solo se puede acusar penalmente al presidente de la República en determinados supuestos –dentro de los que no se encuentran los delitos de corrupción–, esta disposición no impide que el Ministerio Público realice diligencias de investigación previas a dicho acto de acusación.

Por estas consideraciones, desde la Defensoría del Pueblo, destacamos la decisión de no suspender los actos de investigación contra el primer mandatario y exhortamos al Ministerio Público a realizar todas las diligencias necesarias a fin de garantizar el mandato constitucional de una eficaz lucha contra la corrupción.