Frente a los hechos divulgados por los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Ministerio Público a investigar exhaustivamente la participación de Yenifer Noelia Paredes Navarro, cuñada del presidente de la República, en los supuestos actos de intermediación entre las necesidades de la población rural de Cajamarca y el Gobierno central, no teniendo la calidad de funcionaria pública.

También se considera necesario investigar los vínculos contractuales o laborales entre Yenifer Paredes y la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S. A. C., así como la relación amical con su representante, y si existe alguna conexión entre los mismos y la adjudicación de obras públicas a la referida empresa. A ello debe sumarse, la información sobre las visitas realizadas por el representante de la constructora a Palacio de Gobierno y su relación con la adjudicación de contratos públicos para sí mismo y para sus empresas vinculadas.

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Es de resaltar que la programación, el diseño y la ejecución de obras públicas, y en particular de las obras de agua y saneamiento, deben corresponder en estricto a las necesidades que tiene la población y sus comunidades de contar con estos servicios, y no ser materia de condicionamiento o utilización con fines políticos o partidarios.

Los viajes personales del presidente

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el Ministerio de Defensa (Mindef) informe las prerrogativas presidenciales que facultarían al uso de bienes públicos de elevado valor y costo de desplazamiento, como los helicópteros militares, para realizar visitas familiares en el distrito de Tacabamba, departamento de Cajamarca, lugar de residencia de los padres del mandatario.

Relacionado a ello, el Mindef debe transparentar los estudios técnicos de verificación de la adecuación del helipuerto de Tacambamba a las normas técnicas para la construcción, señalización y mantenimiento de helipuertos, capaces de recibir helicópteros del tonelaje y dimensiones como el observado en el reportaje.  En el supuesto de que el helipuerto no cumpla con las normas técnicas correspondientes se estaría poniendo en riesgo la vida de la tripulación y del propio presidente, además de poner en riesgo patrimonio estatal valorizado en decenas de millones de dólares.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado las autoridades públicas en general a desterrar el uso con fines personales y familiares del poder y bienes públicos. Los recursos y bienes del Estado tienen que estar destinados a la provisión de servicios públicos de calidad y al cierre de brechas de infraestructura que afectan el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.