LIMA l El contralor Nelson Shack Yalta lamentó la observación del presidente Martín Vizcarra a la autógrafa de ley sobre declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, ante la necesidad de fiscalizar la información que presentan los funcionarios públicos, por parte de la Contraloría General.

Sostuvo que, ante los recientes casos sobre presuntos conflictos de intereses en el Estado, que han involucrado a funcionarios y autoridades al más alto nivel, es necesario que sea la Contraloría, la encargada de fiscalizar la información que contiene las declaraciones juradas presentadas por dichos funcionarios, y hacerlas públicas para que puedan ser consultadas por la ciudadanía.

“El tema de las declaraciones juradas de intereses se está volviendo hoy en día más importante que nunca. De hecho, si uno hace un recuento rápido de los últimos casos que han salido y que han involucrado a las altas autoridades del Poder Ejecutivo, están muy relacionados con los temas de conflictos de interés”, afirmó en diálogo con una radio local.

El mandatario

Si bien expresó su desacuerdo con la decisión del mandatario, el contralor Shack precisó que la norma tal como fue aprobada por el Congreso de la República, tiene una serie de imperfecciones o vacíos que deberían superarse, como por ejemplo no haber aprobado el capítulo que establece las sanciones, el cual haría posible la sanción a quienes no presentan su declaración o alteran la información.

“No puede haber una norma como lo que ha aprobado el Congreso que no contemple sanciones. El funcionario que no presenta sus declaraciones juradas, falsea su información o la altera para ocultar algo, debe ser sancionado y las sanciones tienen que ser ejemplares. Es una asignatura pendiente que esperamos el Congreso lo pueda resolver lo más pronto posible”, anotó.

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El contralor brindó estas declaraciones en diálogo con una radio local, desde Piura, donde realiza una jornada de supervisión de obras y servicios que se ejecutan en la región.

De otro lado, consultado sobre el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC), consideró que la reciente aprobación del reglamento de dicho proceso ha establecido un plazo demasiado corto (8 días) que hace material y técnicamente imposible que la Contraloría General realice un análisis de los postulantes al TC, como lo ha establecido recientemente la Comisión especial parlamentaria encargada de evaluar a los candidatos a esta entidad de la magistratura.

“Hemos enviado formalmente una comunicación al Congreso, porque están pidiendo que la Contraloría haga una ansiáis exhaustivo de los posibles conflictos de interés de los postulantes, pero solo nos dan ocho días, eso es material y técnicamente imposible”, refirió.

De otro lado, lamentó la investigación en la que se ha visto involucrada la investidura del Presidente de la República, debido a las recientes denuncias periodísticas cuando se desempeñó como Gobernador de Moquegua.