Desde la clandestinidad, Bruno Pacheco, quien permanece prófugo de la justicia, reapareció el martes en la audiencia en la que se evaluó su apelación a los 36 meses de prisión preventiva en su contra.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima analizó también los recursos de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del presidente Pedro Castillo.
 

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Los tres son investigados en el Caso Puente Tarata por presuntas irregularidades en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a la adjudicación de la obra “Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres” a un consorcio relacionado a Karelim López, colaboradora eficaz de la fiscalía.

También apelaron a esta medida restrictiva los empresarios Marco Antonio Zamir Villaverde García y Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzen; así como los exfuncionarios de Provías Descentralizado Víctor Elfren Valdivia Malpartida y Edgar William Vargas Mas.

El magistrado Bonifacio Meneses Gonzales anunció que serán notificadas las partes respecto a la decisión. De otro lado, el fiscal superior Juan Manuel Fernández dijo que consideran que el plazo de privación de libertad para las personas referidas debería ser 24 meses.

Piden revocar medida

Durante la exposición de las defensas, los abogados de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, familiares del jefe de Estado; y de Pacheco minimizaron situación de no habidos en que se encuentran y solicitaron revocar la medida.

Giuliana Quiñones, abogada de Bruno Pacheco, dijo que su defendido vive en un domicilio fijo -en algún lugar- del distrito del Rímac.

“El que no lo hayan encontrado no implica que no viva [ahí]”, agregó la defensa. Pacheco se encuentra prófugo desde el 28 de marzo, al igual que los sobrinos de Pedro Castillo. El exsecretario general apareció brevemente durante la audiencia.

Mira aquí la audiencia:

Dijo que sí tiene arraigo familiar, que su celular está interceptado y que no acata la medida restrictiva ordenada por el Poder Judicial porque esta ejerciendo su derecho “a la vida y libertad. Tengo amenazas contra mi vida”, agregó.

Luis Vivanco, abogado de los citados sobrinos, argumentó que el hecho de no haber sido encontrados en su domicilio es un “dato de contenido abstracto, circunstancial”.

El fiscal superior replicó que, en estos tres casos, lo concreto es que los investigados no están cumpliendo un mandato judicial.