Un total de 27 personas fueron sentenciadas por actos vandálicos durante las protestas registradas en el país, gracias a las acciones desarrolladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter).
 

En el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, dicha procuraduría logró que el Poder Judicial de Ica emita estos fallos por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.
 

Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los S/ 50 000.
 

En estos casos no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones.
 

Igualmente, la entidad adscrita al Mininter consiguió que otros 22 manifestantes procesados por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva,  entre uno y 18 meses, mientras son investigados.
 

Las investigaciones que están en curso, en estos 22 casos, responden a sucesos ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
 

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Hay que indicar, en este contexto, que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Mininter, ejecuta una labor preventiva en las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los últimos meses, trabajando de la mano de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía.
 

Asimismo, realiza acciones para advertir, notificar y exhortar a los organizadores de las manifestaciones a no cometer delitos y respetar el orden público durante sus movilizaciones.

 
También tienen a su cargo realizar el levantamiento de los informes y proceden a la respectiva visualización de pruebas, con el objetivo de recomendar al representante del Ministerio Público la solicitud de prisión preventiva a quien corresponda.
 
La citada procuraduría reafirma su compromiso de perseguir el delito y que los actos violentos contra la policía, la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas no queden impunes y se sancionen en el marco del debido proceso.