LIMA | El Poder Ejecutivo, mediante Resolución Suprema N.° 017-2020-JUS, publicada hoy en el suplemento Normas Legales del diario oficial El Peruano, designó al abogado Daniel Soria Luján como primer titular de la Procuraduría General del Estado, entidad competente para regular, supervisar, orientar y articular la adecuada defensa de los intereses del Estado.

Se debe precisar que, a través del Decreto Legislativo N.° 1326, el Procurador General preside el Consejo Directivo de esta institución, el mismo que está integrado, además, por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como de un representante de la Contraloría General de la República.

De acuerdo a esta norma, el procurador es designado por el Presidente de la República, a propuesta de la o el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con la Procuraduría General del Estado se crearán las Procuradurías Públicas Especializadas en Arbitraje, así como la de Extinción de Dominio, Contra el Crimen Organizado y en Materia de Hacienda.

Daniel Soria Luján es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), magíster en Ciencia Política por la misma casa de estudios y profesor de dicha universidad. Asimismo, se desempeñó en la Defensoría del Pueblo, institución en la cual ejerció la defensa de los derechos fundamentales en casos de interés público y la supremacía de la Constitución.

La reforma del sistema de defensa jurídica del Estado peruano tiene por objetivo potenciar la autonomía de las Procuradurías Públicas y consolidar un modelo altamente especializado y técnico para la protección del interés público.

Entre las principales competencias de la Procuradoría General se encuentran:

- Representar a la Procuraduría General del Estado ante los órganos del Estado e instituciones privadas, en el ámbito nacional e internacional.

- Requerir a toda entidad pública información y/o documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones o ejercer una adecuada defensa del Estado.

- Designar a los/as procuradores/as públicos, luego del proceso de selección a cargo del Consejo Directivo.

La norma, además, establece que la atribución de denunciar a los altos funcionarios ya no la tendrá el resto de procuradores públicos. Esta facultad corresponde, ahora, únicamente al Procurador General.

Los otros procuradores, sin embargo, sí podrán recibir denuncias de funcionarios, servidores, ciudadanos, y evaluar las que difundan los medios para luego canalizarlas a la Procuradoría General.