La Fiscalía presentó 201 elementos de convicción para sustentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama Lilia Paredes Navarro, quien se encuentra asilada en México desde el 21 de diciembre.

Paredes Navarro es investigada como parte de la organización delictiva que habría liderado el ahora vacado expresidente Pedro Castillo y que ha sido denominada “Red criminal en el poder”.

La ex primera dama, según la fiscalía, habría tenido el rol de “coordinadora” del presunto grupo criminal, siendo el enlace directo con quien sería el cabecilla.

El requerimiento de la prisión preventiva también alcanza a sus hermanos David Alfonso Paredes Navarro y Walter Enrique Paredes Navarro investigados como parte de la misma red criminal.

El Ministerio Público tiene como marco de investigación, en relación a los investigados, el periodo que corresponde del 28 de julio de 2021 al 28 de julio de 2022.
 

La organización

La presunta organización criminal, señaló la fiscalía, está integrada por diversas personas que cumplen un rol específico de manera concertada y coordinada, con la finalidad de conseguir sus objetivos criminales. Y, solo en el “Caso Anguía” la red criminal habría operado con el concierto de 32 personas identificadas por el Ministerio Público.

Es así que, la fiscalía ha podido identificar la existencia y permanencia de una organización criminal, que, con la activa participación de altos funcionarios, habrían constituido, dirigido, promovido, controlado, supervisado, administrado y coordinado una estructura que involucraría a Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus hermanos Yenifer, David y Walter Paredes Navarro, así como a su amigo Jose Nenil Medina Guerrero (alcalde de Anguía).

Todos ellos, apoyados por los presuntos testaferros Hugo y Angi Espino Lucana, a través de la instrumentalización de las empresas de fachada, como JJM Espino Ingeniería y Comercial Construcción SAC y Destcon SAC, habrían concertado para obtener diversas licitaciones públicas a favor de municipios, aprovechando sus vínculos con altos funcionarios del Estado en especial el exministro de Vivienda Geiner Alvarado López.

Dicho grupo criminal habría favorecido y logrado hacerse de más de S/6 millones en obras públicas para diversos Municipios Distritales de Cajamarca y Amazonas; como el de Anguía, Chadín, Cajatambo y Chachapoyas mediante las “Licitaciones públicas Fraudulentas”.

Para lograr dichos beneficios, desde el inicio de gestión, Castillo Terrones habría hecho uso de su prerrogativa presidencial para nombrar en los cargos de confianza a personas afines a sus requerimientos sin mayores cuestionamientos y así ejecutar los proyectos criminales.

Los actos del expresidente habrían apuntado al “copamiento indebido del poder”, “los lobbies ilícitos” y “los procesos de licitación fraudulenta”.

Requerimiento fiscal

"La organización criminal investigada, tiene familiares del expresidente de la República que cumplen la función de coordinadoras, representan al cabecilla y son pieza importante dentro de la organización criminal, en el caso concreto, la ex primera dama Lilia Ulcida Paredes Navarro, esposa del expresidente de la República, es quien se encarga de coordinar los actos preparatorios y reuniones en Palacio de Gobierno”.
 

Los colaboradores y más

Entre los 201 elementos de convicción que ha presentado la fiscalía para sustentar su pedido de prisión preventiva contra Lilia Paredes y sus hermanos figuran:

- La declaración del Colaborador Eficaz N°CE-003-2022-EFICCOP, quien aseveró que, el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, le dijo que -sobre la licitación para la remodelación de un colegio en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo (Lima)- “lo había arreglado con Pedro Castillo por intermedio de su esposa Lilia y su cuñada Yenifer, porque iban a poner de fachada a la empresa de Espino”.
   

- La declaración del Colaborador Eficaz N° CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 quien dijo que Medina Guerrero tenía amistad con otros alcaldes y que junto a ellos habría operado de la misma manera. Ello, indica la fiscalía, sería el caso del burgomaestre de Chachapoyas Victor Raúl Culqui Puerta, quien tendría cercana amistad con la exprimera dama.
   

- La declaración de Hugo Jhony Espino Lucana, quien aseveró que la investigada Lilia Paredes Navarro tenía gran amistad con el alcalde Victor Raúl Culqui Puerta y que éste le enviaba presentes y recuerdos de Chachapoyas.
   

- La declaración de entonces primera dama y de su hermana Yenifer Paredes, quienes coinciden en señalar que quien autorizaba el ingreso a la casa presidencial, era la propia Lilia Paredes.

El Ministerio Público también presentó como “graves elemento de convicción”:

- El Informe Policial N° 691-082022-DIRNICPNP/DIRANDRO/DIVIAD/DEPOPESP-ORION de la Dirección de Inteligencia Antidrogas, que da cuenta que el ejecutor de la obra “Mejoramiento del campo vecinal, que comprende los poblados de La Palma, Conchan, La Legua, Chugur, Anguía, Rodeopampa, Guinemayo - Jurisdicción de los distritos de Conchán - Tacabamba -Anguia, Provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, es Walter Enrique Paredes Navarro, hermano de Lilia Paredes.
   

- La declaración del testigo protegido N° TP01-170-2022/AEIDC que aseveró que los integrantes de la organización criminal festinaron el Decreto de Urgencia N° 102-2021 para favorecerse con el presupuesto para las obras públicas y lo que ello conllevaba.
   

- Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, actas de las Municipalidades implicadas, contratos y diversa documentación sobre los proyectos por los que se buscaba presupuesto.

Se ha sustraído de la investigación con su asilo

Además…

La fiscalía alertó que la pena que podría aplicarse en caso Lilia Paredes sea hallada culpable, estaría entre 8 años a 10 años 4 meses de cárcel. Ese, advierte, sería un elemento para eludir la acción de la justicia.

El Ministerio Público puntualizó que, cuando Pedro Castillo fue vacado de la Presidencia, el 7 de diciembre de 2022, Lilia Paredes perdió su condición de primera dama.

Por tanto, hasta la fecha se desconoce qué actividad realizaría y; a pesar que tiene conocimiento que su condición de investigada, no ha remitido documento idóneo que acredite actividad laboral o negocio lícito.

Por el contrario, sostiene la fiscalía, Paredes Navarro ha sido “beneficiada” con la “condición de asilada” por el Gobierno de México y arribó a dicho país el 21 de diciembre de 2022. En consecuencia, añade, carece de arraigo domiciliario de calidad, frente a la investigación que sigue el Misterio Público.

El Ministerio Público advierte que debido a ese comportamiento, “se corrobora objetivamente que no existe voluntad por parte de la investigada de someterse a la acción de la justicia, sino más bien un ánimo de sustraerse de ella, como ya lo ha hecho”.
 

La familia del expresidente Castillo fue recibida por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a su llegada en dicho país en diciembre del 2022. (Foto: Martín Borrego Llorente/Twitter)

La fiscalía puntualizó que dichas acciones demuestran que la ex primera dama tampoco quiere reparar el daño causado, pues en su condición de investigada no solo habría atentado contra la tranquilidad pública; sino que habría participado de eventos contra la administración pública, en compañía de sus hermanos, su esposo, e incluso con sus sobrinos que solicitaban millonarias sumas de dinero, todo lo cual fue de su pleno conocimiento.

“Tampoco es menos cierto que a la fecha la investigada haya reparado una parte siquiera del mismo (daño), sino que, por el contrario, se ha sustraído de la acción de la justicia al abandonar el Perú para dirigirse a los Estados Unidos de Mexico, por lo que no se puede colegir desde ninguna arista que la investigada haya mostrado siquiera una voluntad de reparar el daño”, afirmó la fiscalía.

Finalmente, argumentó la fiscalía, cabe la posibilidad que se hayan generado vínculos de entera confianza entre los funcionarios y Lilia Paredes, investigada junto a varios de sus familliares. Esta situación -continúa el MP- permite inferir la existencia de riesgo latente por la influencia que podría ejercer sobre testigos y postulantes a colaboración eficaz, así como la posibilidad de solicitar la depuración de elementos de convicción.

Fuente: Publicado inicialmente en El Comercio