El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó a través de un comunicado que "la política de esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori violó los derechos de las mujeres".

Asimismo, indicó que dicha medida constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional contra las mujeres indígenas, rurales y de escasos recursos.

"La política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, concluyó el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU", se lee en su comunicado.

En esa misma línea, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó su decisión luego de que cinco víctimas que fueron esterilizadas a la fuerza entre 1996 y 1997 realizaran las denuncias correspondientes. Según Leticia Bonifaz, miembro del comité, indicó que "las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado".

"Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza del procedimiento", mencionó Bonifaz.

En ese sentido, el Comité señala que "para las mujeres indígenas y rurales, la lejanía de sus territorios, el analfabetismo y la falta de conocimiento sobre las leyes y recursos judiciales existentes, constituyen un obstáculo en el acceso a la justicia". Adicionalmente, hizo un importante hincapié en que las esterilizaciones forzadas pueden constituir un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma.

Cabe resaltar que, según el informe emitido del Comité de la ONU, a pesar de que el Estado haya argumentado que el programa de esterilización formaba parte de una política más amplía en hombres y mujeres, "el Comité destacó el hecho de que más de 300.000 mujeres, principalmente indígenas y rurales, fueron esterilizadas a la fuerza, a comparación con aproximadamente 25.000 hombres".

En consecuencia, el Comité recomendó que el Estado debe indemnizar financieramente a las denunciantes y a sus familiares por los daños de salud física y psicológica, además de brindarle asistencia profesional mental a los perjudicados. Esto se da porque, según indica el comunicado de la ONU, "Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas".
 

En cuanto a ello, el Comité de la ONU recomienda al Estado peruano tomar las medidas adecuadas para investigar todo hecho de esterilización forzada cometido en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante la dictadura de Alberto Fujimori, así como implementar un programa de reparación integral, incluida la indemnización, para todas las mujeres incluidas en el Registra de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.

Informe completo del Comité sobre las esterilizaciones forzadas el la dictadura de Alberto Fujimori.

¿Qué es el caso de esterilizaciones forzadas?

En 1995, durante la dictadura de Alberto Fujimori, se modificó la Ley de Política Nacional de Población, ley que autorizaba el uso de la anticoncepción quirúrgica voluntaria o procedimientos de esterilización femenina y masculina. En aquel entonces, estos procedimientos se promocionaron con las campañas "festivales de la salud", donde se les ofreció incentivos al personal de salud que practicaran este tipo de intervenciones.

Sin embargo, estas intervenciones de esterilización femenina se intensificaron entre 1955 y 2000; solo en 1997 practicaron 109.689 intervenciones de ligadura de trompa.

El 6 de febrero de 1996, mediante una resolución se aprobó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación familiar, que tenía como misión mejorar el estado de la salud reproductiva en los hombres y mujeres. Según una subcomisión Investigadora del Congreso, concluyó que entre 1993 y 1999 se realizaron 314.605 esterilizaciones forzadas de mujeres y 24.563 varones.