El tribunal impuso como restricciones la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside; presentarse ante el tribunal cuando este lo requiera, salvo si su situación de salud se lo impida e informar en el día de su liberación, el lugar de su residencia.

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 24, 2022

El fiscal superior Pedro Orihuela, de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Alberto Fujimori, en el marco del proceso judicial que se le sigue en el Caso Pativilca.

El requerimiento, según pudo conocer El Comercio, fue presentado la tarde del martes ante el Poder Judicial.

Cuarta Sala Penal Transitoria de la #CSN programó para mañana a las 08:30 a.m., audiencia pública para evaluar pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Fujimori por el caso “Pativilca”.

— Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpe) March 23, 2022

Ello, ante la próxima excarcelación de Fujimori que fue beneficiado por el Tribunal Constitucional (TC) que, a través de un hábeas corpus, le restituyó los efectos del indulto humanitario y derecho de gracia presidencial que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en diciembre del 2017.

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El impedimento de salida del país será evaluado este jueves 24 marzo, a las 8:30 de la mañana, por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado presidido por la jueza Miluska Cano.

Hasta este momento, Fujimori Fujimori permanece al interior del Penal Barbadillo a la espera de que el Tribunal Constitucional notifique su decisión al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En febrero del 2018 el tribunal del caso negó la aplicación del derecho de gracia presidencial que había recibido el expresidente para dejar de ser procesado judicialmente por el Caso Pativilca.

En ese momento, los magistrados precisaron que dicho beneficio era “incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos” y que “colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”.

Fuente: EC