La contrarreforma universitaria, como se conoce al desmantelamiento de políticas de mejora de la formación en este nivel, ha sido negada por el Gobierno, pero la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior) sigue cayendo en el descrédito con una nueva gestión que suma cuestionamientos, retrocesos y denuncias.

En la madrugada del lunes, la Sunedu publicó un comunicado en que rebate lo revelado por el programa televisivo Punto final, de Latina, y el sitio web Ojo Público: que el jefe de esta entidad, Manuel Castillo, había favorecido a su excliente, el abogado y docente Santos Montaño, al reconocerlo rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), pese a que la superintendencia había dispuesto no hacerlo por irregularidades en su elección, en la anterior gestión.

El actual jefe de la Sunedu había sido abogado de Montaño en sus reclamos para que lo registren como titular del rectorado de su universidad. Poco después de asumir la jefatura de la superintendencia, su patrocinado logró lo que antes no conseguía: que esta entidad lo validara en el cargo al que aspiraba.

La Procuraduría para Delitos de Corrupción denunció a Castillo y Montaño ante la Fiscalía por la validación del segundo en el cargo de rector.

La procuradora adjunta, Yudith Villegas, presentó la demanda por delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y demás ilícitos que pudieran advertirse en la investigación.
 

Según el Código Penal, la negociación incompatible tiene una pena de prisión no menor de cuatro ni mayor de seis años.