Desde que se inauguró en 1914, el Canal de Panamá ha representado una de las obras más importantes para el comercio global y una maravilla de la ingeniería. La ampliación ha duplicado su capacidad de carga, con nuevas cámaras y esclusas más amplias que cambiarán las rutas marítimas y harán menos costoso y más eficiente el comercio.

Panamá, que se proyecta como la economía regional con mayor crecimiento en los próximos cinco años, será uno de los principales beneficiarios. Ya se están elaborando nuevos proyectos portuarios y centros de logística para atraer industrias de todo el mundo e impulsar aún más la competitividad del país.

La ampliación del Canal de Panamá es única: la inversión, que ascendió a USD $5500 millones, fue financiada con los ingresos de los peajes y por cinco bancos de desarrollo, entre ellos la Corporación Financiera Internacional (IFC). Ello es un ejemplo de cómo las instituciones de desarrollo pueden apoyar proyectos de infraestructura de gran magnitud sin incrementar la deuda pública. ¿Pero qué pasa en el resto de la región?
 
Mientras los centros urbanos en América Latina han crecido con un dinamismo sin precedente, la infraestructura de los países continua deteriorándose.  Y el problema no son solo los puertos y las congestionadas carreteras. También las centrales eléctricas y las redes de telecomunicaciones que son vitales para el desarrollo económico y la productividad. En promedio, América Latina invierte el 3 % de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura, unos USD 150 000 millones al año. Para que la región retome el  crecimiento sostenible, se necesita duplicar este monto.

Sin embargo, ahora que el crecimiento económico de la región se está frenando, los presupuestos de los gobiernos están más restringidos. Ello se debe en buena medida a los altos deficit públicos, que se han duplicado en los ultimos tres años en buena medida por la caída en los precios de las materias primas.  

La pregunta es, de dónde vendrá el dinero para invertir en infraestructura en América Latina? Estoy convencido que la respuesta está en identificar mecanismos comercialmente viables y en atraer inversiones del sector privado.  
 
Para ello se  requiere que los gobiernos se comprometan a generar un entorno regulatorio estable y garantizar a los inversionistas que las reglas del juego no cambiarán. Es también fundamental planificar cuidadosamente los proyectos, desde su ingeniería hasta las consideraciones ambientales y sociales, y la asignación de los riesgos financieros. Por último, los países deben crear instrumentos que permitan aprovechar nuevas fuentes de financiamiento a largo plazo, como compañías de seguros, fondos de pensión y fondos soberanos.  
 
Existen tres ejemplos interesantes.  En México, una nueva ley ha abierto el sector eléctrico a empresas privadas y ha establecido que, para 2024, una tercera parte de la electricidad deba generarse de fuentes limpias. En marzo de este año, se realizó la primera subasta de energía limpia  y se otorgaron contratos a empresas privadas, con inversiones previstas de USD 2600 millones para 2018. Ello conllevará ventajas: con la ampliación de la generación energética se reducirán los costos de electricidad.
 
En Brasil, Aegea Saneamento ofrece servicios de agua y alcantarillado a 3,6 millones de personas en más de 40 municipios, muchos de ellos en zonas de bajos ingresos del nordeste del país, y sin afectar los presupuestos del Estado. En las zonas donde maneja la concesión, la empresa incrementó los servicios de alcantarillado de menos del 30 % en el año 2000, a cerca del 80 % en la actualidad a través de inversiones privadas
 
Colombia, que durante décadas ha sido testigo del deterioro de su red de carreteras, creó con el apoyo de IFC la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que movilizará fondos de bancos e inversionistas institucionales para proyectos de infraestructura, incluyendo el programa de carreteras de Cuarta Generación o 4G. Utilizando asociaciones público-privadas, el Gobierno ha comenzado a modernizar y construir más de 7000 kilómetros de carreteras, con una inversión estimada en USD 24 400 millones.
 
La banca de desarrollo puede jugar un papel fundamental en impulsar la infraestructura en América Latina.  De hecho, en 2009 en plena crisis financiera global, IFC y otros cuatro bancos de desarrollo otorgaron USD 2300 en financiamiento sin garantías soberanas para la ampliación del Canal de Panamá. Los estándares ambientales y sociales de IFC respaldaron el compromiso de la Autoridad del Canal de Panamá para garantizar que el proyecto se realizara con responsabilidad y se mitigara su impacto en los recursos naturales de la zona.
 
Cuando se inauguró el canal ampliado y un buque Neo-Panamax cruzó por el punto más estrecho de las Américas, compartimos el orgullo de los panameños y nos sentimos confiados de que el continente podrá capitalizar esta oportunidad.

Fuente: Banco Mundial