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El caso de laptops contra el todopoderoso cacique de Huancavelica sigue abierto

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Pero avanza a paso de tortuga, con un Poder Judicial timorato y fiscales locales a mil leguas de sus colegas de la magistral Fiscalía Especial contra la Corrupción de Lima

No creo que este expediente le quite el sueño a Maciste Diaz Abad, exgobernador regional, poderoso politico tayacajino que se hace elegir cuando quiere y como quiere a pesar que tiene innumerables casos judiciales por corrupcion. Cada  mandarin del gobierno central que llega de visita a Huancavelica, se convierte en su amigo misteriosamente y que lo blindan. Uno de los ultimos es Martin Vizcarra. Foto 2014 regalando laptops a maestros.
No creo que este expediente le quite el sueño a Maciste Diaz Abad, exgobernador regional, poderoso politico tayacajino que se hace elegir cuando quiere y como quiere a pesar que tiene innumerables casos judiciales por corrupcion. Cada mandarin del gobierno central que llega de visita a Huancavelica, se convierte en su amigo misteriosamente y que lo blindan. Uno de los ultimos es Martin Vizcarra. Foto 2014 regalando laptops a maestros.

 

El caso de las laptops distribuidas a los docentes el año 2014 continúa dando de qué hablar, ahora el exgobernador y cinco de sus exfuncionarios continúan este proceso judicial.

 

Aparte de Díaz Abad, los implicados en esta sentencia son: César Jorge Altamirano Flores, Aarón Benjamín Caro Espinoza, Ciro Soldevilla Huayllani, Eduardo Félix Candiotti Munarriz, Guido Efraín Quispe Escobar y Carmen Beatríz Gallardo Mulatillo, los mismos que afrontan este proceso bajo el presunto delito de colusión simple y usurpación de funciones.

 

Por este delito, los imputados podrían afrontar penas de cárcel entre ocho y nueve años.

 

Lea también:

 

 

 

Díaz Abad afronta este proceso por incumplir sus funciones de dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional de Huancavelica, y sus órganos ejecutivos administrativos y técnicos

El exgerente regional Ciro Soldevilla Huayllani, afronta este proceso judicial porque en al haber ocupado dicho cargo habría sostenido y encabezado reuniones subrepticias en su oficina con otros coacusados para modificar el Plan Operativo Anual (POA), a fin de direccionar y favorecer a la empresa Connection Trading Sociedad Anónima y que las compras de las laptops para docentes la realicen a través de la modalidad de compra “convenio marco” y no de “licitación pública”.

 

 

  

Guido Efraín Quispe Escobar, ex director de la Oficina Regional de Administración, es acusado por participar en dichas reuniones, donde decidieron quitar especificaciones técnicas, suprimir adicionales, reducir años de garantía y cambiar el sistema operativo.

A Eduardo Félix Candiotti Munarriz, le atribuye el Ministerio Público, que, como entonces gerente de desarrollo social del Gobierno Regional de Huancavelica, emitió tres resoluciones el año 2014, en las mismas que cambia las especificaciones técnicas establecidas en el POA, junto a otros tres imputados, por lo que lo acusan de un presunto direccionamiento y favorecimiento a la empresa Connection Trading Sociedad Anónima para la compra de laptops.

 

En el documento de la Corte Suprema también indican que él, exprofesamente, convino en llevar un proceso de licitación para la compra de maletines, en el mismo que, coincidentemente ganó la misa empresa

 

 

Al entonces subgerente de desarrollo institucional e informática del Gobierno Regional de Huancavelica, César Jorge Altamirano Flores, se le acusa también de participar en dichas reuniones.

 

En tanto, a Aarón Benjamín Caro Espinoza, le imputan el alejarse de su deber de cuidar el abastecimiento de bienes y la normatividad que lo rige, interviniendo en las referidas reuniones para el cambio de las especificaciones técnica y ser parte de los acuerdos que favorecieron a la empresa Connection Trading Sociedad Anónima

 

Finalmente, aunque no fue funcionaria del GRH, a Carmen Beatríz Gallardo Mulatillo, gerente general de la empresa Connection Trading Sociedad Anónima, la investigan y acusan de concertar para obtener la buena pro de presunta manera irregular y vender al Estado 8 mil 994 lap tops para los proyectos de “Tecnologías de la Información y Comunicación.

 

Fuente: Correo

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