ICA | La Contraloría General detectó irregularidades en el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra del río Ica y la quebrada Cansas-Chancajalla, evidenciando que el comité de selección no admitió las ofertas de postores que cumplieron con los requisitos y otorgó la buena pro y se suscribieron contratos con consorcios que no acreditaron, ni cumplieron con la totalidad de los requerimientos exigidos en las bases.

El proceso de Licitación Pública N° 001-2019-GORE-ICAPETACC/CS - primera convocatoria fue ejecutado por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) con un presupuesto ascendente a S/ 66 405 526,81.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 30542-2021-CG/GRIC-AC, reveló que el comité de selección no admitió la oferta de postores que cumplieron con presentar todos los documentos para la admisión de sus ofertas argumentando que no se detalló la moneda de la propuesta económica como lo requieren las bases y se descalificó en la evaluación técnica a otros postores pese a cumplir con los requisitos exigidos.

Se comprobó, además, que los ganadores de la buena pro presentaron un documento que no corresponde a una carta de línea de crédito, el cual, además, fue emitido por una empresa de seguros que no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para realizar operaciones crediticias.

Otro hecho identificado es que los ganadores de la buena pro no cumplieron con presentar la declaración jurada respecto a que si a la fecha de suscripción de contrato contaban con algún proceso penal. Además, nueve vehículos excedían los seis años de antigüedad para realizar trabajos en obra. Tampoco se acreditó la propiedad y/o alquiler de nueve volquetes pese a que se requería para la firma de contrato.

El informe determinó que el PETACC afectó la transparencia, imparcialidad, e integridad con las que deben regirse las contrataciones del Estado, así como limitó la evaluación y elección de ofertas más ventajosas. Por estos hechos, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa de cinco exfuncionarios. De este comité, Maria Isabel Misaray Aparcana ya estuvo implicada en otro caso de corrupción.

Los resultados del servicio de auditoría de cumplimiento -que comprendió el periodo del 5 de setiembre al 16 de octubre de 2019- fueron notificados al jefe del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha  Ing. Carlos Martínez Hernández para el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales respectivas.