Fotomontaje: Jorge Del Castillo le hace "una llave asesina" a un miembro de la DIVIAC y al ministro Carlos Morán.
Por: Gustavo Mohme Llona - Publicado en La República
El lamentable episodio brindado por el Apra y Fuerza Popular en la Comisión de Defensa, donde varios legisladores de estos grupos maltrataron a los policías miembros de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), de la Policía Nacional, resume el extremo al que se ha llegado en la tarea de buscar responsables de la muerte del expresidente Alan García que no sea el mismo García.
El interrogatorio al que fueron sometidos un grupo de policías de élite, cuyo trabajo es colaborar en la lucha contra la corrupción, refleja el alto grado de perturbación de los partidos a la que han conducido los procesos de investigación de encumbrados personajes, poderosos líderes confiados en la impunidad. El trámite en la Comisión de Defensa fue ofensivo para los miles de policías del país.
La expulsión de la sala de reuniones a un oficial en medio del interrogatorio; las referencias a la
DIVIAC como una “policía política
”; las menciones a supuestas “mazmorras” en la Prefectura de Lima; así como las preguntas sobre la vida profesional de los oficiales, matizado con burlas sobre el apellido de una oficial y el uso de términos ofensivos contra ellos, superan todo cálculo tolerante respecto de los parámetros de acción política en el Congreso.
La participación misma de la Comisión de Defensa en esta tarea es irregular, considerando que la misión de este grupo de trabajo no es abocarse a procesos en curso en la fiscalía, sin haber recibido el encargo formal del Pleno del Congreso como comisión investigadora. Es también contraproducente que las pesquisas sean dirigidas por un dirigente del Apra, juez y parte en este caso, y que el mando de la policía y el Ministerio del Interior mismo autorizaran la presencia de subordinados suyos.
El tema de fondo es la insistencia de manosear el suicidio de García con el propósito de dañar las investigaciones sobre la corrupción que le atañen al difunto y el Apra misma –recuérdese el aporte de 200 mil dólares a la campaña del año 2006– restando credibilidad a los magistrados y a la Policía, echándoles una mano a las decenas de investigados o procesados.
La fuerza de choque debe parar; debe cesar de inmediato el intento de crear un relato forzado del suicidio de García, planeado varios meses atrás y ejecutado cuando se vio cercado por la justicia. El Congreso no puede ser utilizado como una oficina de campaña contra la policía y la justicia, y sus comisiones no deben servir como plataforma para el maltrato y humillación de quienes solo han cumplido con su deber.