#PlenoDelCongreso aprobó el dictamen que tiene como finalidad fortalecer el trabajo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, a fin de contribuir a la transparencia y a la supervisión de los recursos recibidos por otras entidades. pic.twitter.com/yWED5losHl

— Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) March 13, 2025

La ley que somete a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y persigue su financiamiento y actividades, aprobada el miércoles con 81 votos en el Congreso, generará impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y dejará desprotegidas a las poblaciones vulnerables.

La norma empodera a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para fiscalizar los fondos que reciben las ONG y el uso que le dan. Además, la faculta para sancionar a estas organizaciones y hasta denunciarlas ante el Ministerio Público.

El punto más cuestionado, de acuerdo a los representantes de la sociedad civil consultados por La República, es que la ley considera una infracción grave el financiamiento o la asesoría de acciones en casos judiciales en instancias nacionales e internacionales contra el Estado peruano.

El apoyo de una ONG a este tipo de casos de DD. HH. la expone a una multa de hasta S/ 2.6 millones (500 UIT) o su cancelación. Estas organizaciones, recordemos, han reemplazado el papel del Estado de defender los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos más vulnerables que no cuentan con recursos económicos para solventarlos. La ley fujimorista, sin embargo, pretende perseguir ese apoyo. Así, las víctimas quedarían desprotegidas.

El director del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, mostró su preocupación por esta ley y la calificó de contrabando debido a que fue incluida a última hora en la agenda del Pleno. "Lo único que refleja es la voluntad más rastrera del fujimorismo y sus aliados de perjudicar el derecho de las víctimas en los casos de graves violaciones de derechos humanos", sostuvo.

Rivera recordó que frente a los crímenes en la década de los 90, frente a la represión de las protestas del 2020 contra el gobierno de Manuel Merino y las que hubo contra el régimen de Dina Boluarte, fue la sociedad civil la que apoyó con asesoría a los familiares de las víctimas.

Rivera rememoró que el fujimorismo tiene una enemista con las ONG debido a que el exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado por violaciones de derechos humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta. "Desde ese momento, el fujimorismo define a las ONG como parte de sus enemigos y aquí, básicamente, hay una liquidación política hacia sus enemigos con esta ley", dijo.

Boluarte es investigada por la muerte de 44 personas que protestaron contra su gobierno. Es un caso de presuntas violaciones de derechos humanos. La ley anti ONG sanciona que organizaciones de la sociedad civil brinden asesoría en este proceso.

Pronunciamiento del Instituto de Defensa Legal: Nueva Ley Anti-ONG es inconstitucional y solo tiene como objetivo silenciar a la sociedad civil

#CarlosRivera (@IDL_Rivera): Con la #LeyAntiONG, las víctimas de casos de derechos humanos, periodistas acosados y líderes indígenas se quedarán sin abogados pic.twitter.com/SpDUSJlRFW

— Ideeleradio (@ideeleradio) March 13, 2025

Proetica considera como una grave amenaza a la sociedad civil: Esta LeyAntiONG restringe la libertad y los derechos fundamentales de la sociedad civil peruana.

El Congreso aprobó una ley anti-víctimas que silencia a las ONG. Deja a las víctimas sin defensa legal y limita el acceso a justicia. Desde APRODEH, rechazamos esta norma.

???? #NoNosCallarán ????

El Congreso aprobó la #LeyAntiONG para silenciar a la sociedad civil y debilitar la democracia.

? ¿Qué está en juego?
???? ONG ya no podrán brindar defensa legal gratuita a las víctimas de abuso del Estado.
???? Organizaciones que trabajan en educación,… pic.twitter.com/UVmKFmr2TX

— CNDDHH ???????? #NiUnMuertoMás (@cnddhh) March 13, 2025