Por: Gustavo Mohme Llona

El incendio del ómnibus de la empresa Sajy Bus en un terminal terrestre no autorizado en el distrito de San Martín de Porres (Lima) deja 17 personas fallecidas. El incendio del vehículo, que iba a partir a Chiclayo, se investiga en medio de versiones que van desde deficiencias en el sistema eléctrico hasta el rociado previo de gasolina.

En este dramático caso se precisa de una verdad sobre el incendio, para determinar las responsabilidades directas, pero también resolver las interrogantes sobre el terminal no autorizado, la actuación de la empresa dueña del ómnibus y las autoridades.

Como ha sucedido en otros graves accidentes, la primera reacción de las autoridades concernidas es salvar su responsabilidad señalando a otras autoridades. El ministro de Transportes y Comunicaciones se defiende indicando que “los paraderos informales no son competencia del MTC, sino que lo son de la autoridad municipal”. A su turno, el alcalde de San Martín de Porres señala que “la entidad a la que le correspondía fiscalizar la zona donde se incendió el bus era a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran)”. En una tercera reacción, la representante legal de Sutran ha dejado claro que “la responsabilidad absoluta es de la empresa, tanto así que se le va a imponer la sanción máxima”.

Si nos atenemos a estas declaraciones, es probable que la verdad institucional de esta tragedia se pierda en la maraña de expedientes, denuncias y descargos. Para alimentar esa posibilidad se recurre a una palabra que parecería explicar y responder a todo: informalidad. De ese modo, la coartada más repetida es que 17 peruanos han muerto por culpa de la informalidad.

Eso no es cierto. En este caso hubo graves infracciones u omisiones que no pueden cubrirse con el vocablo “informalidad”. Hubo un municipio que creyó que con la clausura del terminal Marco Polo terminaba su función; una agencia de supervisión estatal, Sutran, que no supervisó; un Ministerio de Transportes que ha dejado que, en Lima, en sus narices, operen casi 30 terminales terrestres ilegales; y una policía que se hizo de la vista gorda con esta infracción a los reglamentos de transporte interprovincial.

Con 17 muertos sobre la espalda, el sistema es ágil por unas horas. Se tiene el menú conocido: denuncias, clausuras temporales, inspecciones, operativos, llamados al Congreso y ofertas de mano dura. Hasta la siguiente tragedia en un sistema en que el Estado ha renunciado a la regulación y el control.

Fuente: La Republica