ICA - Será necesario abrir más cárceles para los funcionarios corruptos, dijo ayer enfático el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, al señalar que la prisión suspendida para los procesados por corrupción ya fue eliminada.

En efecto, semanas atrás el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibe a los jueces aplicar penas de cárcel suspendida para funcionarios públicos sentenciados por los delitos de peculado y colusión. Los procesados por dichos delitos purgarán prisión efectiva.

Khoury Zarzar señaló que de los 500 funcionarios sentenciados en el país por corrupción, apenas 25 están recluidos y el resto tienen pena suspendida.

Antes de la aprobación del proyecto de ley, apenas el 2% de los procesados por corrupción pisaban la cárcel. ?Ahora los corruptos van a ir presos?, afirmó el contralor frente a los pocos alcaldes provinciales y distritales que acudieron al Gobierno Regional de Ica.

Comentó que a nivel internacional, el Perú es considerado un país corrupto. La región Ica no es la excepción.

Tal es así, que la Contraloría General de la República (CGR) denunció penalmente a 156 funcionarios de las diferentes entidades de la región Ica por los delitos de negociación incompatible, colusión, malversación y peculado.

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Así no juega Perú?, dijo Khoury Zarzar al revelar los niveles de corrupción en la región. Se mostró indignado por la cantidad de obras paralizadas en la región. Es indignante ver obras paralizadas. Hay gente, ancianos, niños que consumen agua contaminada y existen obras de agua y desagüe paralizados?, comentó el contralor durante su exposición ante las autoridades ediles.

La Contraloría General de la República en la región ha detectado varios casos de corrupción, algunos de ellos concluidos y que están a nivel del Ministerio Público y el Poder Judicial. Otros están en proceso de investigación.
 

Hospital San josé de Chincha

Entre los concluidos figuran el Hospital San José de Chincha, obra que demandó 37 millones de soles al Gobierno Regional de Ica. El informe arrojó que existió el delito de ?negociación incompatible? y los funcionarios involucrados son el director general de la Oficina Regional de Administración y el director regional de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Ica.

Una de las irregularidades halladas fue aceptar una carta fianza emitida por Coopex, una empresa que no se encontraba supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El consorcio AMIN (formado por Heymocol Ltta., A.R. Constructores Ltda., y Consorcio Hispano SAC) se adjudicó la ejecución del Hospital San José y luego abandonó la obra tras los adelantos económicos. También en etapa de investigación preliminar se encuentra los anticipos a funcionarios en Emapica.

Según el informe de la contraloría, los responsables son el presidente del directorio, el gerente general y gerente de Administración y Finanzas, así como el jefe de la Unidad de Recursos Financieros de aquellos tiempos en que sucedieron los adelantos económicos. Dichos adelantos le generaron una pérdida económica de 2 millones de soles.

Existen hasta seis informes penales en la Municipalidad Distrital de El Carmen, donde se hallaron irregularidades en procesos de selección para contratar un supervisor, simulación de prestaciones de servicios con documentos falsos, apropiación de recursos por servicios que no se efectuaron, irregularidades en la reconstrucción de la I. E. N° 22250 y pagos por la compra de petróleo no entregado.

La empresa involucrada es Construcciones y Maquinarias del Sur SAC. A dicho municipio distrital chinchano le generaron un perjuicio económico de 939 mil soles. Los responsables son el alcalde, la tesorera, el jefe de abastecimiento y el supervisor de obra.

Todos enfrentan procesos por los delitos de peculado, negociación incompatible y falsificación de documentos.

En la Municipalidad Distrital de Salas ocurrió serias irregularidades en la ejecución de obras, como por ejemplo pagos de jornales de obra sustentados con documentos falsos, irregular otorgamiento de ampliaciones de plazos (lo que impidió la aplicación de las penalidades), negligencia en custodia y distribución de materiales adquiridos, favorecimiento indebido al postor ganador de la buena pro, cuya propuesta fue contraria a las bases.

La empresa involucrada es CBJ Contratista Generales SRL e Inversiones Nacional e Internacional Grupo Online SAC. Le generaron un perjuicio económico de S/. 455 mil a la comuna de Salas - Guadalupe.

También se encontró irregularidades en la puesta en valor de la plaza de armas de Ica. Los procesados son el gerente de Desarrollo, subgerente de Obras Públicas, Comité Especial y Comité de Recepción de la Municipalidad Provincial de Ica. Por este caso, varios funcionarios ya fueron recluidos en el penal Cristo Rey de Cachiche.

Hubo irregularidades en el proceso de elaboración del expediente técnico, registro de participantes, presentación de propuestas, evaluación de propuestas, así como anomalías por valorización de trabajos no ejecutados, inadecuada supervisión de la obra, omisión en el cobro de penalidades, entre otros. La empresa involucrada es Agreda Gallarday y Jara SAC.

La corrupción también alcanzó al distrito de Yauca del Rosario, donde hubo un perjuicio de S/. 257 mil por la mala ejecución de obras financiadas por el Forsur (Fondo de Reconstrucción del Sur), como son la rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados Pampahuasi, Quilque y Cocharcas, así como de los poblados Huarangal y Tingue.

El informe de la Contraloría dice que la construcción del pozo tubular tiene ubicación y profundidad distintas a las previstas en el expediente técnico, así como pago irregular por metrados no ejecutados en obra. La empresa vinculada es el consorcio Yauca del Rosario, integrado por Corporación Rimana SAC, Jorge Cabrera Mavila, Proyectos Construcciones y Ventas SRL (Procoven), Constructora Señor de la Asunción SAC y Prescilio Suárez Pimentel.

En la Municipalidad Provincial de Chincha existen tres informes penales que revelan irregularidades en contrataciones y adquisiciones, como la adjudicación de buena pro a postor pese a estar impedido de participar en proceso de selección, pagos sin sustento por gastos del programa de arborización, adquisición directa e irregular de combustible y pagos indebidos a empresa contratada para fiscalización tributaria.

Se generó un perjuicio económico de S/. 194 mil. La firma A&F Tecnologías y Servicios Líderes SA y Servicentro Ordesur SAC son los implicados. En proceso de interponer acciones penales está la ampliación y mejoramiento del Estadio Municipal de Marcona, que demandó S/. 9.6 millones.

La Contraloría señala que el consorcio Almirante Grau fue favorecido de manera indebida en el proceso de selección, así como el valor referencial fue determinado con información falsa, aceptación de carta fianza a una empresa que no era supervisada por la SBS.

Fuente: Correo