Por: Guillermo Cochez, abogado y político panameño.

 

Los cambios políticos que se prevén en España y Grecia no auguran ningún futuro promisorio para esas naciones. Sin embargo, las clases políticas dominantes serán responsables si esos giros a la izquierda a través de estos movimientos populistas terminan en el desastre total como en Venezuela, tras 16 años de gobierno cívico militar. Ese mal ejemplo venezolano, es parecido al del Brasil y su vecino Argentina, hoy envueltos en escándalos de corrupción que hacen tambalear su institucionalidad democrática.

Lo que se ve hoy en Europa parece provenir en su ejemplo de la verborrea populista de regímenes como el de Chávez que, en sus campañas mediáticas internacionales, crearon falsas esperanzas y, en el caso de Podemos en España, hasta financiaron por varios años a sus principales líderes. Así como los altos niveles de corrupción antes de Chávez facilitaron su ascenso al poder, así mismo esa corrupción multiplicada al infinito mezclada con carteles de droga, está llevando a la inminente caída del llamado socialismo del siglo XXI.

Lejos de ser una potencia, pero si llamativa de atención por lo de su posición estratégica, la ampliación de su Canal y su alto nivel de crecimiento económico, Panamá no se queda atrás en ese salvaje proceso de corrupción de las clases políticas dominantes que se da en otros países latinoamericanos.

El 1 de julio de 2014 ascendió al poder el ingeniero Juan Carlos Varela. Le ganó al candidato del partido Cambio Democrático, del expresidente Ricardo Martinelli, el favorito hasta el día de las elecciones. Existían graves rumores de la extensa red de corrupción que había creado Martinelli dentro de su Gobierno. No se podía probar nada y siempre cualquier mención que se hiciera sobre el tema se aducía “persecución política”. El clamor de justicia favoreció que Varela nombrase gente muy competente y seria al frente de las instancias fiscalizadoras. Al pensar Martinelli que no era posible que su candidato perdiera, no hubo manera de esconder todos los entuertos que se han ido encontrando, en los que participó directamente el absorbente expresidente y su camarilla.

Después del 1 de julio el caldero de la corrupción del anterior Gobierno se ha ido destapando. Todos los días en alguna entidad se encuentra un escándalo de sobreprecio, robo de recursos públicos, tráfico de influencia, en fin, la más extensa gama de delitos contra la Administración Pública. Lo peor es que todo conduce a un solo lugar: Ricardo Martinelli, el autoritario presidente que gobernó Panamá por cinco años, comprando a los diputados que estaban a la venta, manipulando fallos en el Órgano Judicial, debilitando las entidades de control y generando terror a los que se atrevían a enfrentarlo. Cuando Martinelli empieza a defenderse de las denuncias que se ventilan decide visitar al arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. Al día siguiente el prelado católico aparece como una de las personas a quienes los servicios de espionaje del Gobierno espiaban su teléfono. Parece que la paranoia del exmandatario era tan aguda que necesitaba saber lo que hablaban de él, inclusive gente de su propio partido. Por lo de las escuchas telefónicas está preso un exdirector de la Policía Nacional y dos exdirectores del Consejo Nacional de Seguridad, uno de ellos consuegro de Martinelli.

El primer caso se descubre al confesar el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, hoy con casa por cárcel, que la venta de 60 millones de dólares de comida deshidratada de Brasil para estudiantes de áreas remotas, cuyo costo era inferior a 15 millones, había sido ordenada a insistencia de Martinelli. Además de ello, la comida no pudo utilizarse porque mucha estaba vencida y su sabor resultó desagradable para los estudiantes. Con motivo de este caso, la Corte Suprema de Justicia, el pasado 28 de enero, autorizó la investigación penal del expresidente Martinelli, quien salió del país ese mismo día destino desconocido.

Otro exdirector del PAN, Rafael Guardia, detenido en la prisión “La Gran Joya” construida en el gobierno de Martinelli, ha sido más directo en involucrarlo, al señalar que de los 4.000 millones gastados en su entidad por lo menos 2.000 fueron pagados como coima al expresidente y su Secretario Privado, Adolfo de Obarrio, hoy requerido por la justicia pero fuera del país. Además, que entre los principales proveedores del PAN estaban los Supermercados 99 de propiedad del expresidente, un total de 42 en todo el país.

El flagelo de la corrupción mata muchas personas porque les impide recibir la debida atención médica; atrasa a los pueblos porque impide que los niveles de la educación pública sean parecidos a la educación privada. Muchos otros males causan, afectando a los más pobres. Se estima que durante el Gobierno de Martinelli se robaron o dilapidaron más de cinco mil millones de dólares. En 2009, al asumir al poder, Panamá tenía 10.000 millones de deuda externa; duplicada en el quinquenio anterior.

Ojalá que persistamos en la lucha global contra la corrupción y logremos que no sean enunciados únicamente de buenas prácticas e hipócritas declaraciones que nunca se concretizan porque para los políticos es mejor permitirla solapadamente para que así puedan perpetuarse en el poder como ha ocurrido en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, y gracias a Dios, no ocurrió en Panamá.