Una de las legisladoras del Consejo Regional de Arequipa recibió un encargo puntual. El 28 de agosto del 2020, debía presentarse en la oficina del gobernador Elmer Cáceres Llica. Ese día, Cáceres la citó para entregarle S/ 3.000 en un sobre Manila de color amarillo. Era un estímulo para que apoye su gestión. Se presume que los demás consejeros aliados fueron premiados de la misma manera.

Diez días después, estos mismos consejeros, autodenominados en un grupo de Whatsapp como “los siete amigos”, se reunieron en una cevichería de la avenida Dolores de la ciudad de Arequipa. En un ambiente exclusivo para ellos, llegaron Veto Bernal, Natividad Flores, Santiago Neyra, Tomás Ayñayanque, Richard Cervantes, etc. Después de un convite marino generoso y una charla casi intrascendente, vino lo bueno. Uno de los asesores de Cáceres, el abogado Edwin Esquivel, comenzó a repartir sobres de dinero y una botella de whisky etiqueta azul -cortesía personal del gobernador.

Uno de los beneficiarios contó a las autoridades haber recibido S/ 10.000 en su sobre. Estos encuentros solían ser comunes entre gobernador y “los siete amigos”. Uno de los testimonios da cuenta de otro encuentro en un restaurante ubicado en Hunter. Ahí Cáceres, tenía “su apartado”. Después de entonarse con varios “prende y apaga”, así se llama el licor mezclado con chicha de maíz germinado y anisado, uno de los consejeros asistentes le preguntó si sacaría al gerente de Transportes, Grover Delgado. La respuesta fue no, “porque en transportes había mucho”, respondió la autoridad. Delgado era cuestionado por cobrar cupos a los trabajadores. Dinero que, según audios revelados por La República, se entregaba “a los de arriba”.

Elmer Cáceres, alias El Cóndor o el Guapo Charlie, enmarrocado es llevado a la cárcel.

Esos hechos son investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, que obtuvo diez días de mandato de detención preliminar para Cáceres Llica, siete consejeros y funcionarios de confianza. Los detenidos se encuentran distribuidos en diversas carceletas de la Policía.

Negocio de obras

No eran las únicas dádivas repartidas por el gobernador. También autorizó a los legisladores cobrar cupos a las empresas que ejecutaban obras en sus respectivas jurisdicciones. En mayo del 2020, mientras miles de arequipeños agonizaban en las afueras de los hospitales a la espera de oxígeno o camas UCI, Cáceres se daba su tiempo para coordinar estas pautas. En unas de esas reuniones que investigan las autoridades, convocó a sus aliados. Ahí los empoderó frente a sus funcionarios. Les pidió que tomaran en cuenta sus opiniones para los proyectos de inversión. Arequipa tiene 8 provincias; y cada una de ellas, en las elecciones regionales, elige por lo menos a un consejero. Tienen como misión gestionar obras y fiscalizar al ejecutivo regional.

En esa reunión de mayo, el cuestionado jefe regional ordenó no atender pedidos de los consejeros que le hacían la guerra. Luego dio instrucciones de cómo debían cobrarse los diezmos. Para ello se reunía con cada legislador. Uno de ellos confió a la Fiscalía el modus operandi planteado del gobernador. Dejar que las empresas compitan en procesos de selección hasta las instancias finales. Ahí el consejero debía enviar a un emisario de su confianza para “ajustar” con los posibles ganadores. Les pedían dinero con la promesa de hacerles ganar. Si se resistían, los amenazaban con declarar el proceso desierto o anularlo.

Las concesiones no eran gratuitas. Tenían como objetivo apoyar la gestión de Cáceres Llica y salvar de la interpelación a sus funcionarios acusados de corrupción. En las investigaciones se ha determinado que “los siete amigos” blindaron al gerente general, Gregorio Palma; gerente de Autodema, Marcelo Córdova; gerente de Transportes, Grover Delgado; y al gerente de Educación, Raúl Sánchez. Los consejeros aceptaban almuerzos y coordinaciones con los funcionarios, a quienes debían investigar. Córdova les dio parcelas en la irrigación Majes a cambio de salvarle la cabeza.

Terrenos para todos

Las investigaciones determinan la apropiación indebida de terrenos del Estado no solo para los consejeros, también para funcionarios del cogollo cacerista y el mismo Cáceres Llica. Para este se reservó un lote de 5.000 metros cuadrados en la denominada asociación Sol Radiante de Majes. Para inscribirse como adjudicatarios estos utilizaban a testaferros.

Bajo la misma modalidad, con testaferros, se adjudicarían lotes en Pampas Bayas, terrenos invadidos por una asociación del dirigente Marcial Jacobo. Jacobo solicitó legalizarlos pese a que los predios se superponen al proyecto Majes II. Recientemente, el consejo regional aprobó la ordenanza de venta de estas tierras. La medida tenía su costo. Lotes para los consejeros y también para el gobernador.

Fuente: La Republica