Por no asistir a la tercera invitación,  de grado o fuerza será conducido el exasesor presidencial, Henry Shimabukuro Guevara, a la Comisión Investigadora de uso de aeronaves de los sectores Defensa e Interior, para actividades no oficiales y por familiares de expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Así lo informó el secretario de la Comisión, congresista Alfredo Azurín Loayza (SP) quien tuvo como invitadas y en calidad de testigos, a las hermanas del ex presidente, Pedro Castillo, quienes frente a las preguntas formuladas por el presidente del grupo de trabajo,  se negaron a responder y señalaron que guardarán silencio por ser las hermanas directas del expresidente.

Se trata de María Gloria, Irma y de María Elisa Castillo Terrones, quienes acudieron a la convocatoria de la comisión; sin embargo, lejos de colaborar con las investigaciones, optaron por acogerse al derecho de guardar silencio, y con ello no responder a ninguna pregunta.

Es el caso, por ejemplo, cuando se les consultó a cada una en su momento, sobre si viajaron o no en el vuelo del 09 de octubre de 2021, de Lima a Jaén, en el avión C275 Matrícula FAP 329, cuyo viaje fue cuestionado por los medios de comunicación, y es investigado por la Contraloría General de la República, debido a que se trataría de un viaje familiar usando una aeronave de las Fuerzas Armadas. Simplemente guardaron silencio.

A su turno, María Gloria Castillo, se le consultó si conoce a Salatiel Marrufo, cuál era su relación con él, y si reconoce haber recibido dinero a esta persona y haberlo entregado a sus hermanos. Además, si ha viajado en diversas oportunidades en aeronaves de las Fuerzas Armadas, y si en ellos han viajado personas ajenas a la función pública. A todo ello, no respondió.

Azurín Loayza, indicó, que según, el artículo 88 del Reglamento del Congreso, señala que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas o sancionar la conducta de quienes resulten responsables.

«Las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona, están en la obligación de comparecer ante las Comisiones de Investigación y proporcionar a éstas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran», indicó.