Quien viaja por la carretera Panamericana Norte se sorprende por los grandes espacios arenosos que han sido transformados, en poco tiempo, en campos verdes. Desde los años noventa, en la agricultura peruana predomina una política de liberalización de los mercados económicos y de tierras. Uno de los efectos de esta política, en la costa, es el resurgimiento de empresas agroindustriales y la implementación de extensas zonas de cultivo en los intervalles arenosos.

Recientemente, tuve la oportunidad de estudiar dos zonas en las que se establecieron numerosas empresas agroindustriales, con fundos cada vez más grandes: Virú y sus intervalles integrados en el ámbito del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) en La Libertad, y la Pampa de Villacurí y la zona del margen del valle de Ica. Estas dos zonas una desarrollada por un proyecto estatal; la otra, por inversiones privadas, donde la producción para la exportación es cada día más importante, atraviesan importantes cambios territoriales. A continuación, presentaré las consecuencias sociales y los impactos ambientales que he podido observar.

El establecimiento de extensas empresas agroindustriales y la extensión de sus fundos crean muchos empleos; en efecto, para trabajar en el campo o en las plantas industriales, las empresas contratan ingenieros o técnicos en planillas, y obreros agrícolas temporales. La oferta de empleo provocó migraciones regionales y nacionales.

Estas migraciones en Chavimochic y Villacurí y en particular, la necesidad de alojar a los migrantes-trabajadores,no fueron previstas por los gobiernos locales; y pocos terrenos fueron dedicados al desarrollo de nuevos centros poblados. Al inicio, los migrantes alquilaban cuartos en los pueblos cercanos a los fundos, o se alojaban en viviendas improvisadas al lado del camino, o a veces directamente en el mismo fundo.

Pero el proceso de migración constante y el crecimiento de la población originaron la creación de nuevos centros poblados, tras la invasión de tierras que inicialmente estaban dedicadas a la agricultura. La ausencia de organización y de una política de ordenamiento territorial por parte de las autoridades locales y estatales provocaron desarrollos autogestionados: en la Pampa de Villacuri, por ejemplo, los pobladores de Nueva Esperanza se han asociado y han instalado, ellos mismos, las redes de alcantarillado y tienen acceso al agua potable gracias a camiones cisternas (entrevistas, 2008).

El establecimiento territorial y el desarrollo económico de esas empresas han modificado la organización socioeconómica en los valles. Por ejemplo, algunos productos con fuerte demanda en los mercados internacionales, como la alcachofa y el tomate, no crecen en tierras arenosas; para estos dos productos, las empresas establecen contratos agrarios con agricultores de los valles viejos a fin de acceder a tierras de buena calidad.

Existen contratos de varios tipos: el contrato de alquiler, donde el propietario deja su tierra (para otra actividad) y deja a la empresa con toda la responsabilidad de la producción; el contrato de integración, donde el propietario produce según las recomendaciones técnicas de la empresa y en la cosecha le vende a esta su producción; y el contrato de compraventa, donde el propietario produce según sus propios criterios y vende sus productos durante la cosecha a quien le ofrece más (Marshall, 2008).

Estos nuevos sistemas de producción han permitido a varios pequeños o medianos agricultores aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida integrando cadenas de producción para la exportación.


 

Por ejemplo, el tomate seca los suelos, que se vuelven improductivos después de tres o cuatro campañas agrícolas (Figueroa, 1996); y en el caso de la alcachofa, los propietarios arrendadores explican (entrevistas, 2005- 2008) que sus tierras tenían demasiadas filtraciones y, para recuperarlas, han construido drenes a fin de extraer el exceso de agua y volver a producir. Hoy en día, los pequeños y medianos agricultores propietarios se adaptan y eligen trabajar con las empresas que proponen los contratos más adecuados, donde los beneficios superen los daños.

En estas dos áreas agrícolas dinámicas Chavimochic y Villacurí, el acceso al recurso hídrico y los impactos ambientales son distintos. En la zona de influencia del PECH, el Estado construyó un canal madre, con una longitud de 285 km desde la bocatoma en el río Santa hasta el río Moche. Una importante cantidad de agua, originalmente de la cuenca del Santa, es trasladada a las cuencas de Chao, Virú y Moche, de manera artificial. Este aporte hídrico permite extender las superficies agrícolas en los intervalles y acceder regularmente al agua todo el año y no ser afectado por las sequías; sin embargo, provoca el aumento del nivel de la napa freática por el hecho de dejarse de utilizar los pozos tubulares (Vásquez, 2000a y 2000b).

En la parte baja del valle, como en Huancaquito Bajo, pero también en Santa Elena y en el Carmelo, varias tierras son, hoy en día, no cultivables debido a los altos niveles de sal o a las inundaciones de las parcelas. Los drenes están saturados y es casi imposible extraer los excesos de agua y limpiar los suelos. En el año 2005, 12,877 hectáreas fueron integradas en la agricultura en los intervalles arenosos de Virú, y más de 8,615 hectáreas, o sea el 50% del valle, fue afectado por el alto nivel del acuífero, que se encuentra a entre 0 y 2 metros de profundidad (Marshall,2011).
 

En la zona de Ica, el recurso hídrico utilizado para la agricultura en la Pampa de Villacurí es subterráneo. El acuífero es común a Ica y a Villacurí. Los pozos de los cuales se extrae el agua en la Pampa, bombean también en el acuífero de Ica. En 2009, 543.13 millones de metros cúbicos fueron extraídos del acuífero de Ica-Villacurí, lo cual duplica considerablemente el volumen máximo para una extracción sostenible, que es de 252.99 millones (Oré, 2012). Frente a la reducción considerable del nivel de la napa freática, una gran cantidad de pequeños agricultores que tenían acceso al agua subterránea por pozos a tajo abierto se vuelven dependientes del agua superficial, cuya disponibilidad es irregular.

Para atenuar la reducción del nivel del agua subterránea, varios decretos y leyes prohíben o limitan las extracciones subterráneas en zonas sensibles. Esas reglamentaciones han provocado que las empresas compren los pozos con redes tubulares, o el canal troncal, para así trasladar el agua desde los sectores autorizados hacia los sectores sensibles, a menudo ubicados en las pampas de las márgenes del valle.

Es contradictorio ver cómo, hoy en día, las empresas agroindustriales de las pampas, que se han beneficiado de un modelo económico liberal para el acceso a los recursos (tierra y agua), ahora se dirigen al Estado, frente al agotamiento del recurso hídrico, para pedir el desarrollo de otros proyectos de riego que les permitan seguir cultivando en las pampas (Marshall, 2009; Oré, 2012).