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FISCALIA DE LA NACION.

El fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la UCJIE, consolidó cooperación internacional en lucha anticorrupción durante 2017.



 
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones tramitó 1,873 solicitudes de asistencia judicial a diversos países. Se espera próxima repatriación de cerca de US$ 20 millones de dólares provenientes de actos ilícitos.

AFN - La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía de la Nación, reafirmó su función clave en los complejos procesos penales emprendidos en la lucha contra la corrupción en el país, los cuales han demandado estrechar y establecer nuevos vínculos con fiscalías de otros países a fin de gestionar un total de 1,873 asistencias judiciales solicitadas durante el presente año, de las cuales, más de 700 correspondieron a asistencias activas, es decir aquellas solicitudes requeridas del Perú hacia otros países.

Así lo reveló el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la UCJIE, como parte del balance de logros y avances de su despacho durante el 2017, el mismo que registró el trámite de extradiciones en 285 casos y 132 peticiones de traslado de condenados extranjeros a sus países de origen, así como 312 exhortos tramitados ante diversos consulados del Perú en el exterior.

Como uno de los objetivos para el año 2018, el fiscal superior Peña Cabrera espera lograr una respuesta positiva a la propuesta planteada por nuestro país a la Procuraduría General de Brasil para la conformación de un equipo conjunto de investigación, con el propósito de agilizar las investigaciones en curso y futuras, teniendo en cuenta que es el país al que más se ha solicitado información y con un know how importante que aportaría al Equipo Especial del Perú.

Casos emblemáticos

Las gestiones más relevantes realizadas por la UCJIE corresponden al trámite e impulso de las solicitudes de asistencias judiciales que requieren los magistrados peruanos en el marco de las investigaciones vinculadas al caso Odebrecht y también sobre otros casos.

Se realizaron las tramitaciones formales requeridas por los fiscales para obtener información bancaria y el congelamiento de cuentas en el Principado de Andorra respecto a investigados por el Equipo Especial. “Quisiera destacar que el 80% de pedidos han sido resueltos positivamente por Andorra, pese a no contar con un tratado bilateral con ellos”, señaló el jefe de UCJIE.

Además, se informó que se ha requerido información a los Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Barbados, Islas Cayman y al Reino Unido, solicitudes que se encuentran en espera de respuesta.

Por otro lado, se efectuaron gestiones ante las autoridades de Costa Rica que permitieron la inmovilización de la cuenta de la empresa ‘Ecostate Consulting S. A.’ por más de US$ 6 millones. Adicionalmente, se espera recibir información respecto a una cuenta bancaria del Citibank, en Nueva York, vinculadas al principal investigado en el caso Ecoteva.

En otros casos, resaltó la extradición desde Brasil de Javier Revilla Palomino, acusado de varios delitos vinculados al caso de la Caja Militar, quien fue recluido en el penal Castro Castro en noviembre pasado.

Mientras tanto, en el marco de la investigación por el caso La Centralita, la UCJIE obtuvo valiosa información bancaria sobre uno de los imputados en este caso procedente de Hong Kong, que permitió la incautación judicial de un inmueble valorizado en cerca de 3 millones de soles, que habría sido adquirido con un soborno de la empresa Odebrecht. Todo ello a solicitud del fiscal supraprovincial anticorrupción, Elmer Chirre.

Recuperación de activos

De otro lado, el fiscal Peña Cabrera anunció que se vienen realizando coordinaciones interinstitucionales para la repatriación de aproximadamente US$ 20 millones de dólares desde Suiza y Luxemburgo, que corresponden a actos delictivos de finales de la década de los 90.

Señaló, además, que se gestionó el exitoso traslado a sus países de origen de un total de 61 ciudadanos españoles y 15 colombianos que cumplían condena en los establecimientos penitenciarios del Perú.

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
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