LIMA | Ante el pedido de asilo solicitado por el ex presidente Alan García a la embajada de Uruguay en Lima, luego de que el Poder Judicial dictara contra él 18 meses de impedimento de salida del país, como parte de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión, el Director Ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, advirtió que si el gobierno de Tabaré Vásquez le concede la protección diplomática al ex presidente peruano, se daría un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción en Sudamérica.

“Es claro que en el Perú no hay ningún elemento para sostener el argumento de la persecución política. Lo que sí hay es un intento grosero de obstruir la justicia peruana, pues se trata sólo de una medida cautelar para asegurar la investigación, teniendo en cuenta que García radica en el extranjero, independientemente que sea declarado inocente o culpable, lo que se decidirá al final de un proceso realizado por jueces independientes”, dijo el representante de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.