Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Superado el tropiezo de la vacancia  presentado al presidente  Pedro Castillo, en la que primó “la sensatez, la responsabilidad  y la democracia”, según expresó  el primer mandatario de los peruanos, y se dictaminó “caso cerrado”, este país se prepara para otro debate político que se desarrollará en miras a las elecciones del 2 de octubre de este año en el que se renovarán 25 gobernadores y vicegobernadores regionales y más de doce mil  entre miles y miles de candidatos a  alcaldes provinciales, alcaldes distritales, regidores provinciales, regidores distritales y consejeros regionales, que ya marcaron la hora cero de sus campañas en las que se esperan lluvias de promesas.

Hasta ahora la presencia femenina sigue siendo minoritaria, el 11.21% de aspirantes a las alcaldías distritales son mujeres y el 10.55% de aspirantes a las alcaldías provinciales son mujeres (ONPE). En los comicios de octubre, si el Congreso lo aprueba, mediante una consulta popular se preguntará al pueblo si está de acuerdo, sí o no, con una nueva Constitución Política.

En menos de un año de gobierno en Perú, donde algunos noticieros y mensajes de las redes sociales se transmiten en quechua, el  presidente de la República ha tenido 4 Premieres, 3 Ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 3 en Relaciones Exteriores, y así sucesivamente; todo un vaivén de ensayos vanos de personas, que hasta se autopostulaban para los cargos; unos se han ido por los antecedentes no tan santos, otros han sido vetados por el Congreso, por lo que la nota característica de estos nueves meses es la inestabilidad laboral en las oficinas públicas, a donde los nuevos ministros apenas tenían tiempo para calentar el puesto y designar  a dedo a su equipo humano preferido. A muchos se les aguo la fiesta, para otros, esto penas comienza, y hay que dejar huellas.

Las cifras son optimistas desde el punto de vista económico, si se tiene en cuenta, según analistas, que el Perú tendría la tercera inflación más baja de Latinoamérica hasta el 2026, y como la mayoría de países, tras la crisis mundial vivida desde finales de 2019 ,  arrancó y acelera el motor de la economía, cada vez menos amiga de lo que coloquialmente llamamos pueblo, esa masa poblacional que apenas sobrevive, y es a ellos, a quienes este gobierno tiene en primera fila para superar siglos de exclusión, discriminación y sufrimiento.

Solo por citar unos pocos temas, la población escolar, integrada por más de cuatro millones de estudiantes, que retorna a las clases presenciales y tendrá un aforo del 100%, sigue desarrollando su actividad en aulas que están por caerse, o si permanecen en firme, carecen de la debida infraestructura. La entrega de materiales para los docentes se interrumpe sin explicación previa.

Sitios en los que el agua potable hace cincuenta días no llega (Cuajone, mina en departamento de Moquegua); las obras públicas abandonadas, entre los que se encuentran hospitales, centros de salud, colegios, edificios públicos, se hallan paralizadas, a veces saqueadas.

La canasta básica familiar es cada vez más imposible adquirirla por el grueso de la población, a la que la amenaza continuamente el acaparamiento y la concertación de precios para encarecer los productos alimenticios básicos y medicamentos. El alto costo de la gasolina y gasoholes es insostenible para el usuario común y corriente; Centros de salud despachan en instalaciones inadecuadas, sin personal médico y para medico suficiente, mucho menos equipamiento médico.  El desgreño con que se continúa manejando el Vraem, zona especialmente vulnerable donde los problemas cotidianos se agudizan. Desde Ica el año pasado se iniciaron paros agrarios escalonados que aún persisten, que piden la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la disolución del Congreso de la Repùblica. Los pescadores artesanales en diferentes lugares del territorio peruano no cuentan con desembarcaderos que les faciliten su trabajo y permitan mejorar la producción.

La inseguridad se ha disparado, las autoridades como una forma de disminuir la criminalidad, buscan afanosamente veintiuna mil armas de fuego robadas y cien mil armas de esa misma característica   que tienen orden de decomiso, y hasta ofrecen recompensas por devolver voluntariamente las armas. La ley que fortalece la seguridad ciudadana, junto con 11 normas más, no ha sido reglamentada, función que corresponde al Poder Ejecutivo. Algunas de las leyes propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo, siguen en el anaquel o traspapeladas, como la de la protección de la niñez, la que reconoce la labor de los canillitas, la de ayuda a las mypes (micro y pequeñas empresas) para el pago de sus facturas, la de la del fomento de cooperativas agrarias y la ley que erradica el trabajo forzoso.

Así sucesivamente, muchas demandas urgentes que no ve atendida la población hasta el momento, ni en estos nueve meses, en que debieron haber brillado la luz de las promesas de campaña en campaña. Los sectores consumo y financiero son los que les va de maravilla, lideraron “las ganancias de la jornada” (Bolsa de Valores de Lima). Por su parte el sector minero está transitando en bajada.

Las soluciones siempre están en la agenda de los encargados de la cosa pública; en cuanto a El Perú el actual gobierno levanta como sus principales banderas, principalmente el arrinconamiento de los corruptos; convertir las zonas descuidadas en centros de desarrollo; destrabar las obras, la descentralización, la mayor inversión en sectores como salud y educación, y ante cualquier prioridad, la unidad de sus nacionales.

Las acciones concretas, entre otras, son las del reajuste al salario mínimo que queda en S/1025 mensuales desde el primero de mayo de 2022, después de cuatro años de no hacerlo.

El gobierno centra en su propósito de descentralizar los recursos económicos, ha transferido a las regiones recursos económicos para sobrellevar las necesidades más urgentes; a Ica le trasladaron S/11.6 millones para dos proyectos y a Huancavelica para ese mismo número de proyectos, S/. 3,2 millones. En Cusco, por el trabajo de una mesa de dialogo, se concertaron 14 proyectos a ejecutar, que fueron el producto de cierto tiempo de presión de los pobladores; sin embargo, no tanto el que tuvieron que soportar el colectivo de docentes, a quienes durante décadas les negaron el pago del 100% de las CTS (Compensación por trabajo de servicio docente) reconociéndoles solo el 14% de ese beneficio laboral, como hasta ahora se viene haciendo. Los múltiples problemas que padece Cusco, -agrarios, económicos, educativos, energéticos, mineros y sanitarios-los vive todo el país. 

Por la lluvia intensa que se presenta en los 24 departamentos del país, han aumentado las personas damnificadas por inundaciones y bajas temperaturas, en la mayoría de municipalidades, las autoridades permanecen con los brazos cruzados, no ejecutan, es decir no invierten debida y oportunamente el presupuesto asignado a prevención y atención de desastres.  A 31 de marzo de 2022, en ese tema, solo se ha gastado el 8.3% de la asignación presupuestaria del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, según el Reporte no 002-2022 Gestión del Riesgo de Desastres. Huancavelica está entre las municipalidades que no registran ejecución de gasto en el PP0068.

@luforero4