Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

El caos de la salud púbica peruana lleva más de medio siglo, tiempo en el cual los diferentes gobiernos, incluido el saliente, han improvisado en esa materia, al punto que 24 o más de millones de habitantes de este país carecen del servicio de salud pública, al que solo accede unos ocho millones de personas.

En 2014 una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo que llevaría la salud a por lo menos el 90% de la población, fue desoída por los distintos gobiernos.

Adentrándonos en la historia del sistema nacional de salud peruano se concluye que llegó tarde, en 1978, cuando hacía tiempo se reclamaba la necesidad de su implementación. Desde esa época su característica distintiva ha sido el mal servicio, carencias y negaciones continuas a su prestación, aun en casos de urgencias. Ese grueso de población desamparada se siente sola, inerme e indefensa.

Entre mediados de la década de los ochenta hasta la presente, la “Desorganización total e inacción” son sus cartas de presentación. Un enjambre de leyes y decretos, muchos repetitivos o deficientemente redactados es lo ocurrido en estos tiempos, produciendo daños irreparables por años y años, mayormente a la población más vulnerable.

En la década de los noventa se crea la Escuela Nacional de Salud Pública en 1992, que en un hecho polémico fue borrada este año por el Ejecutivo. En 1993, cuando empieza la privatización de la salud, indican los estudiosos del sistema de salud público peruano, que “había una creciente organización nacional y regional, con sistemas locales de salud en las denominadas “Zonas de Desarrollo Integral de la Salud” (Sonadas), que fueron increíblemente desactivadas”.

El Consejo Nacional de Salud y los Consejos Regionales de Salud hace tiempo no se integran, mucho menos se convocan, desvirtuando los buenos propósitos con que fueron creados en su oportunidad. Muchas postas y centros de salud permanecen sin médicos, y si éstos llegan no encuentran equipos, medicamentos e insumos para laborar.

El inconformismo profesional se manifiesta repetidamente, uno de los últimos se hizo sentir en el Hospital Daniel Alcides Carrión ubicado en la provincia constitucional del Callao, atribuible a la desidia del gobierno por lo que se presentó la renuncia masiva de los Jefes de Departamento y Servicios, Unidades de Asesoramiento y Apoyo de ese nosocomio. En Ayacucho, al personal de salud bajo los regímenes 276 y 1057, se les continúa obstaculizando el pago   de remuneraciones “porque se habrían registrado problemas presupuestales”, y en todo el país le siguen adeudando al personal sanitario el bono Covid-19. La atención médica y oportuna de gestantes tampoco se da en muchos establecimientos de EsSalud, por ejemplo, en Huanta y en Huánuco.  En Huancavelica, la Red de Salud de Churcampa, concretamente en tres establecimientos de salud de la provincia, no han implementado la entrega de los kits de emergencia previstos para las víctimas de violencia sexual.

Bajo este paraguas, “El Perú tiene una de las peores ubicaciones en los indicadores de América del Sur y de todo el planeta en atención de salud, servicios saturados y colapsados, severas dificultades en oxígeno terapia y elevada mortalidad, inclusive de profesionales y trabajadores de la salud. La desatención se extiende a pacientes con diversas urgencias, enfermedades y necesidad de cirugía. Es ahora asimismo inexistente el derecho a la seguridad social en salud, adquirido por muchos peruanos durante años”, señaló la Academia Peruana de Salud (A.P.S.)

Por su parte, el Colegio Médico del Perú prepara para el año entrante una propuesta de un nuevo sistema de salud, “basada en una óptima organización al igual que financiamiento sanitario, rectoría en el sector y el cambio en la política de recursos humanos.”

@luforero4