Tanto en samuráis como en kamikazes buscaban heroísmo y valor. Dejando de lado ambas cualidades, hay detalles simplificados de cada cual —lo belicista y confrontativo en el samurái y lo suicida en el kamikaze— que afloran en el actual drama político peruano.

En una lid desigual y corrosiva, el fujimorismo, en el ejercicio de su mayoría parlamentaria, nada ha propuesto de políticas sustantivas y sólo ha producido embates ruidosos que ya han arrastrado a varios ministros de Estado y amenazan seriamente, en estas semanas, las propias condiciones básicas del funcionamiento de un Estado democrático.

Concesiones cotidianas del Gobierno son tan reiteradas como inútiles para contrapesar esa dinámica confrontativa. Los analistas describen la situación como la de un “golpe de Estado” en desarrollo. Teniendo en cuenta el antecedente del “autogolpe” de Alberto Fujimori en 1992, a través del cual se instauró en el Perú un régimen autoritario y uno de los más corruptos de la historia del país, la situación es como para abrir los ojos.

Costó mucho esfuerzo y brega iniciar a fines del 2000 la transición y reconstrucción democrática. Funcionó. Con sus luces y sombras, lo que siguió desde esa fecha fue mayor estabilidad económica y social y una continuidad democrática sin precedentes en la historia peruana. Por primera vez, también, un sistema judicial razonablemente independiente.

 

Así como el régimen fujimorista en los noventa hizo de la mutilación del Tribunal Constitucional una herramienta para poder ejercer el poder absoluto, esa mayoría parlamentaria está impulsando atropelladamente una acusación constitucional contra cuatro de sus siete miembros. No hay análisis constitucional o democrático válido que pueda sustentar jurídicamente una sanción de destitución por el hecho de que una mayoría parlamentaria discrepe de un fallo adoptado, en su autonomía, por el tribunal.

La estrategia parece ser clara: eliminar esta esencial herramienta de control político y constitucional del poder de manera que después cualquier esperpento normativo pueda pasar por “constitucional”. Como se hizo antes en el Perú y más recientemente en lugares como Venezuela o Polonia.

El fiscal de la nación, Pablo Sánchez, es la otra víctima directa de este rodillo autoritario. En sintomática reacción a la investigación por lavado de activos abierta por la Fiscalía a un importante financista del fujimorismo. A Sánchez —funcionario probo y calificado— lo están acusando por “infracción constitucional” para destituirlo. Una institución, como la actual Fiscalía peruana, que hoy investiga con independencia muy graves hechos de corrupción, de prosperar la denuncia sería golpeada en la médula; para que, como en el pasado, prevalezca la impunidad.

El avasallamiento a las instituciones afecta, como es obvio, no sólo a quienes serían destituidos. Amenaza a toda la sociedad y al funcionamiento de un Gobierno arrinconado y debilitado por una sistemática corrosión y su propia inoperancia frente a la misma. Pero de eso no todos parecen darse cuenta. La complacencia silente frente a los zarpazos en ejecución está siendo suicida.

Troles fujimoristas o el discurso de un parlamentario del mismo grupo pesan hoy de manera decisiva y, acaso, más que el Gobierno elegido el año pasado, precisamente para gobernar.

Así, son esos ruidos vociferantes los que deciden lo que es atributo del Gobierno como la salida, hace un mes, del director general de Presupuesto Público (calificado profesional), los nombres de otros altos funcionarios y hasta el bloqueo del nombramiento de un calificado intelectual como agregado cultural en la embajada de Perú en España. Es grave que, ante estas amenazas, quienes deberían reaccionar desde el Gobierno no lo hagan. El silencio, la puesta “de perfil” y otros —inútiles— gestos kamikazes unilaterales, como la reiterada puesta en la noticia de un supuesto indulto a Fujimori, tienen, en este contexto, mucho de suicida y nada de heroico.

Fuente: El Pais