A las 10 de la mañana llegó a la sede principal del Ministerio Público el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para brindar su declaración como parte de la investigación preliminar que se le sigue ante la Fiscalía de la Nación.

El mandatario respondió un cuestionario de preguntas que fueron formuladas por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, con la concurrencia del Fiscal Adjunto Supremo (P) Samuel Rojas, Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y personal fiscal de la referida área, en una diligencia reservada que duró aproximadamente 3 horas y que se desarrolló en el piso 11 del Ministerio Público.                                  

El mandatario estuvo acompañado de sus abogados Benji Espinoza,  Eduardo Pachas y Jorge Diaz. Asimismo, participó la Procuradora General del Estado, María Caruajulca Quispe.

Las indagaciones de la Fiscalía de la Nación forman parte de la investigación preliminar abierta contra el exministro Juan Francisco Silva Villegas, y seis congresistas de la República, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

Según la carpeta fiscal existe indicios razonables de hechos presuntamente delictuosos cometidos en el procedimiento de licitación pública N° 01-2021-MTC/21, para la construcción del puente vehicular Tarata, sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres en la región San Martín.

La Fiscalía de la Nación garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa del jefe de Estado y el respeto de la Constitución Política.

Por otro lado, señalaron que en la diligencia reservada participaron los tres abogados de Castillo, el personal del área de enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales del Ministerio Público y la procuradora general, María Caruajulca Quispe, en defensa de los intereses jurídicos del Estado. Caruajulca asumió el cargo en febrero de este año en reemplazo de Daniel Soria, quien denunció a Castillo por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias debido a los indicios de corrupción en el contrato de la construcción del Puente Tarata, revelados por la prensa de Lima.

Esta es la primera vez que un fiscal general investiga a un presidente peruano en funciones: según la Constitución, el mandatario puede ser únicamente acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y los organismos electorales. La interpretación que ha realizado el fiscal Sánchez es que la Carta Magna no impide avanzar la investigación, más aún ante “la seriedad y gravedad de las imputaciones”.

La anterior fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió en enero una investigación fiscal contra Castillo por delitos contra la administración pública, tráfico de influencia agravado y patrocinio ilegal debido a la supuesta interferencia del presidente en el proceso de ascensos militares en 2021, pero la magistrada dejó en suspenso la pesquisa para que continúe cuando el jefe de Estado deje el cargo. Ávalos hizo entonces una interpretación distinta de la Constitución.