El atentado ejecutado la semana pasada contra la minera Poderosa en Pataz (La Libertad) evidencia claramente los peligros de la minería ilegal y el fracaso ineludible del programa de formalización minera, que tenía al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal instrumento de acción.

En los últimos años, esta actividad no solo ha generado mayor incidencia de casos de violencia, trata de personas, asesinatos, entre otros, sino también daños significativos sobre el medio ambiente a través de la tala de bosques y la contaminación de ríos y suelos. Se necesita tomar acciones claras contra la minería ilegal, las cuales parten por ajustar el sistema actual de formalización y retomar seriamente las labores de interdicción.

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Actividad ilegal en crecimiento

Un reciente estudio encargado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía estima que la minería ilegal genera pérdidas a la economía peruana por casi S/23,000 millones al año, cerca de 2.5% del PBI. Asimismo, según Macroconsult, el oro exportado ilegalmente en el 2022 asciende a US$1,841 millones, lo que representa el 18% del total de las exportaciones auríferas del país. Como referencia, dicha cifra es más alta que el valor conjunto de todos los arándanos y espárragos exportados ese año (cerca de US$1,700 millones).

El grave problema de la minería ilegal no es un fenómeno reciente. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), en el 2015, esta actividad ya estaba presente en todas las regiones y ocupaba cerca de 25 millones de hectáreas a escala nacional, equivalente a un quinto de todo el territorio peruano. La región con mayor presencia de la minería ilegal es Madre de Dios y se evidencia en su alto consumo de combustibles –clave para la extracción de oro en zonas aisladas– de 45 galones mensuales por persona en el 2022, más de cinco veces el promedio nacional (ocho galones mensuales por persona). En los cinco últimos años, la demanda por dicho insumo se ha incrementado en 60% impulsado por el mayor precio del metal y el debilitamiento de las medidas de lucha contra esta actividad desde la pandemia. Peor aún, la comercialización de combustibles en esta región (y en otras de la Amazonía) se encuentra exenta del pago de IGV e ISC.

La minería ilegal ha resultado en una mayor inseguridad en Madre de Dios. El porcentaje de víctimas de un delito con arma de fuego en la región se ha quintuplicado en el período 2015-2021 (alcanzando 38.6%) y es más de tres veces el promedio nacional. Madre de Dios es también la región con mayor tasa de denuncias de delitos a la policía (33 denuncias por cada 1,000 habitantes en el 2022), 35% más que en La Libertad, por ejemplo. Además, la actividad minera ilegal genera daños significativos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, según un estudio realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), entre el 2021 y el 2023, se deforestaron casi 24,000 hectáreas de bosque en Madre de Dios, lo que equivale al tamaño del distrito de San Juan de Lurigancho (Lima). Asimismo, según un documento del Minam del 2017, en los últimos 20 años la minería ilegal contaminó con más 3,000 toneladas de mercurio los ríos amazónicos, dañando la biodiversidad y la salud de las comunidades, particularmente el desarrollo cognitivo de los niños.
Intervenciones fallidas

La falta de intervenciones efectivas para erradicar la minería ilegal se ha traducido en una mayor incidencia de esta actividad en los últimos años. El informe del MAAP evidencia un incremento en la presencia de infraestructuras mineras ilegales en La Pampa en Madre de Dios entre el 2021 y 2023. Buena parte de este resultado responde a una presencia debilitada o inexistente del Estado en las zonas afectadas por la actividad tras la pandemia, sumada a la persistente permisibilidad hacia los mineros informales e ilegales.

El principal problema detrás de la política contra la minería ilegal reside en el Reinfo, que ha demostrado ser insuficiente e, incluso, contraproducente para cumplir su objetivo. A la fecha, existen más de 87,000 productores mineros informales registrados, de los cuales casi 70,000 (80%) se encuentran suspendidos por incumplir con los requisitos mínimos, entre ellos contar con RUC y declarar su producción minera. Por ejemplo, en la provincia de Pataz (La Libertad), de los 3,438 registros en el Reinfo, 2,578 (75%) se encuentran suspendidos. Llama entonces mucho la atención que, pese a incumplir con los requisitos del registro, los productores mineros bajo esta situación continúen siendo considerados por las autoridades “informales” y no “ilegales”, por lo que quedan impunes frente a acciones de fiscalización. A esto se suma la complicidad del Congreso de la República en varias legislaturas al otorgar múltiples prórrogas para finalizar los procesos de formalización.

Además, la expansión de la minería ilegal de los últimos años no ha venido acompañada de mayores esfuerzos fiscales para erradicarla. El programa presupuestal “Reducción de la minería ilegal” alcanzó en el 2019 un presupuesto máximo de solo S/119 millones en términos reales. Ello es tan solo equivalente al 0.81% del total del presupuesto para orden y seguridad nacional de ese año. Peor aún, tras caer en 32% durante el 2020, los recursos destinados a este rubro se han mantenido constantes y en el 2024 representarán incluso un porcentaje menor que en el 2023 (0.49%). Así, entre el 2019 y 2024, el presupuesto real se habría reducido en 26%. Cabe anotar que el Minem y el Mininter no han cumplido con reportar los resultados del indicador de desempeño principal de este programa presupuestal relacionado a las áreas bajo interdicción, lo cual refleja la poca relevancia que se le ha dado a esta materia.

Lecciones aprendidas

Como están las cosas, se viene perdiendo largamente el combate contra la minería ilegal. Recuperar al menos los pasos perdidos requiere de una estrategia integral, con autoridades que gestionen una fiscalización efectiva a lo largo de toda la cadena productiva, sin beneficios tributarios ciegos a la comercialización de combustibles, con un sistema de formalización que funcione, mayor presupuesto y presencia del Estado con acciones de interdicción constantes y de gran envergadura.

Fuente: Instituto Peruano de Economia - IPE