Por: Gustavo Mohme Llona

La desaparición temporal del Congreso como órgano político hasta que se elija al nuevo Parlamento resuelve la extrema confrontación que mantuvo con el Gobierno por un año y medio, diluyendo de ese modo el principal foco de obstrucción. Este hecho permitirá al Ejecutivo concentrarse en la gestión pública, una ruta que se ha iniciado hace horas con la designación de un nuevo gabinete.

Los desafíos del país en esta etapa son variados. Quedan por atender elementos de la normalización de la crisis para que la situación acabe por ingresar en la dirección del proceso electoral. Para ello, mientras más rápido asuma el pequeño grupo de legisladores en funciones que la situación es irreversible, será mejor para el país.

En el ámbito del Gobierno, la agenda es desafiante. Los grandes anuncios que hiciera el presidente Vizcarra el 28 de julio pasado no han podido ser encarados, a lo que se suman urgencias indiscutibles. En esta agenda ocupa un lugar prioritario el incremento de la confianza en materia económica.

La economía es la agenda de todos; la recuperación del consenso alrededor del crecimiento y la distribución no implica el beneficio exclusivo de los empresarios sino la generación de empleo y de estabilidad en un contexto especial que requiere de ajustes, determinación y equilibrio, una combinación que no siempre ha sido llevada adecuadamente por el Gobierno central.

Es cierto que, en la fase final de la pugna entre el Gobierno y el Congreso, la cúpula empresarial jugó abiertamente a favor del fujiaprismo, y para ello solo basta leer el comunicado de tono partidario de la Confiep respecto a la disolución del Parlamento. Es la misma cúpula que le exigía al presidente una prueba de amor en Tía María al mismo tiempo en que sus aliados políticos en el Congreso conspiraban contra el Gobierno.

La derrota de esta dirigencia desubicada no significa que no deba plantearse seriamente la reactivación de una economía que en el segundo semestre registrará un ligero enfriamiento a causa de la incertidumbre política. En este ámbito la primera tarea es “salvar” el año de la inversión pública, aligerando el gasto para alcanzar ratios convencionales, aunque es urgente poner las bases de las reformas anunciadas, requeridas y demoradas.

Es correcta la previsión que indica que el Gobierno no debería abusar del uso de medidas legislativas de emergencia por cuatro meses, que no pueden ser objeto de control legislativo, aunque es igualmente correcto presumir que esta es una inigualable oportunidad para mejorar la gestión pública y de los presupuestos y la gestión de los servicios.

Fuente: LaRepublica