El fiscal Deltan Dallagnol, responsable del caso Petrobras, ha acusado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción
en la petrolera estatal, que movió miles de millones de euros.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba después de que la Fiscalía de Brasil presentara cargos por corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales contra el expresidente y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el exgobernante niega poseer.

Se trata de la primera imputación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la red de corrupción en Petrobras. La acusación será analizada ahora por el juez federal Sergio Moro, quien tendrá que decidir si acepta los cargos y abre juicio contra los acusados, que pasarían a la condición de reos.

Los abogados de Lula, en un comunicado, han respondido que los cargos presentados por la Fiscalía "tienen motivación política", carecen de respaldo jurídico y son una "farsa".

El anuncio ha provocado manifestaciones en las calles de varias ciudades brasileñas para apoyar a Lula.

Una constructora reformó y amuebló un piso que sería para uso de Lula

También han sido presentados cargos contra el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, y contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el expresidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la trama de corrupción.

De acuerdo con la acusación, OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 293.545 euros al cambio actual) en reformar y amueblar un apartamento en Guarujá que sería para uso de la familia Lula, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad. Los fiscales también acusan a OAS de haber pagado 1,3 millones de reales (346.581 euros) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.

La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial. Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble. El apartamento, sin embargo, fue sometido a costosas reformas pagadas por OAS y amueblado por la constructora según las orientaciones hechas por la familia Lula, de acuerdo con la Fiscalía.

El fiscal ha explicado que estos favores fueron el pago por tres contratos por 87 millones de reales (23 millones de euros) que OAS se adjudicó de forma irregular para obras de dos refinerías de Petrobras.

Además de los testimonios de Pinheiro y Gordilho, la Fiscalía dice tener como pruebas fotografías que muestran a Lula y a su esposa visitando la vivienda en compañía del ingeniero responsable por las obras.

El exmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia, igualmente reformada por constructoras implicadas en los desvíos de Petrobras, así como por donaciones y recursos que recibió por supuestas conferencias que dictó en el exterior y que fueron encomendadas por empresas igualmente condenadas por las corruptelas en la petrolera.

Según el fiscal, las empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos con Petrobras pagaron propinas por valor de 6.200 millones de reales (1.648 millones de euros), pero las pérdidas generadas por la corrupción sumaron 42.000 millones de reales (11.169 millones de euros).

Fuente: RTVE