El 20 de junio, la Corte Suprema de Justicia decidió formalizar por ocho meses la investigación que inició Pablo Sánchez Velarde contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos. El proceso contra Chávarry será en específico por tres delitos: encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.

Según una resolución a la que tuvo acceso La República, el juez supremo Juan Checkley Soria aprobó la continuación del caso tras la aprobación de la denuncia constitucional en el Congreso a inicios de junio último.

En aquella oportunidad, se acordó en el Pleno con 53 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, el proceso contra Chávarry, pero se negó la chance de inhabilitarlo por 10 años de ejercer la función pública por los mismos delitos.

Según la Fiscalía, hay elementos de convicción suficientes que determinan que Rosa María Venegas Mello, asesora del denunciado Pedro Chávarry, habría efectuado el deslacrado cuando este era fiscal de la Nación.

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“Sin embargo, fue Pedro Chávarry quien promovió, determinó e instigó para que se efectúe dicho deslacrado, en su condición de perjudicado por la medida de allanamiento y lacrado de la oficina de su asesor Juan Manuel Duarte”, detalla el documento del Ministerio Público.

Por el delito de encubrimiento real se consignó en la resolución que Chávarry ha dificultado la acción de la justicia procurando la desaparición de huellas o prueba del delito.

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“Aunado a ello, el investigado mantenía un acuerdo de protección política por parte del partido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori por medio del Congreso de la República a cambio de la obstrucción e interferencia que haría el denunciado en las investigaciones del Equipo Especial contra la antes citada”, anticipó.

La clave

Género. Chávarry fue destituido el 2021 por la JNJ por hechos similares y la Corte Suprema lo condenó por encubrimiento real a 4 años de prisión suspendida.

Fuente: La Republica