Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Fuera de las repercusiones sanitarias que conlleva la COVID-19, los efectos repercuten en el campo laboral, donde se desarrolla una verdadera hecatombe a nivel mundial.

En los pronósticos de fin de año pasado, ningún astrólogo o entendido observó en una bola de cristal que el coronavirus se llevaría entre 5,3 y 24,7 millones de empleos en todo el mundo, dando como resultado la pobreza laboral de millones de familias que dependían de una fuente de trabajo, en ciertas ocasiones la única del hogar.

Esas masas de trabajadores en conjunto han dejado de percibir por la pandemia COVID-19 como ingresos, ahora en el rubro de pérdidas, entre los 860.000 y los 3,4 billones de dólares, afectando su capacidad de compra y conduciéndolos nuevamente a la pobreza.

En cuanto a los trabajadores informales suman más de 1.600 millones entre ellos jóvenes, mujeres y personas con discapacidad que se han visto especialmente afectadas por la COVID-19. Esos cálculos podrían ratificar que la informalidad en América Latina y El Caribe podría haber alcanzo la cifra record del 80%. Antes de la pandemia las personas en edad de trabajar que debían hacerlo sin vinculación laboral formal, era del 60% de la población económicamente activa.

Son tres, el grupo al que están orientadas las nuevas estrategias para enfrentar la crisis sanitaria: trabajadores, empleadores y gobierno.

A los trabajadores a fin de que se protejan ellos y sus familias, para reducir todo lo posible los efectos directos del coronavirus, y  fortalezcan el diálogo social; “no solo en su capacidad para negociar, sino en la profundización de los argumentos para los acuerdos en la nueva etapa, reconociendo que, en la post pandemia, el mundo quedará con un mayor nivel de desempleo, desigualdad, pobreza, deuda y frustración política”, indica la OIT (Organización Internacional del Trabajo).   

A los empleadores fundamentalmente para que protejan los lugares de trabajo, en aras de la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo, y estén preparados para una nueva normalidad o una normalidad mejor!, con bastante creatividad e innovación para buscar la mejor salida.   

A los gobiernos para que diseñen y apliquen respuestas traducidas en políticas eficaces a la crisis de la COVID-19; pero también cambiando la legislación tan deficitaria que existe en la mayoría de países de América Latina y el Caribe en seguridad social; implementando más   redes de seguridad integral; y otorgando más prestaciones de desempleo o una renta universal, suprimiendo los requisitos que hace imposible acceder a los mismos.

En el Perú, de acuerdo a una encuesta del Banco Mundial llevada a cabo entre mayo y julio del 2020, algún adulto se saltó una comida, probablemente para destinarla a otros miembros del grupo familiar o ahorrar mercado. En mayo de este año según la misma medición, la pérdida de empleos y fuentes de ingreso fue bastante alta. El 80% de los hogares encuestados reportaron una disminución del ingreso familiar. De ellos, la mitad volvió a mencionar una caída en su ingreso en julio. Cerca del 30% de los encuestados mencionó haber perdido su empleo en mayo, y alrededor del 15% declaró lo mismo en julio.

En este país falta por expedir un decreto que establezca los requisitos para que la COVID-19 sea considerada como enfermedad laboral directa en los trabajadores del sector salud.

@luforero4