LIMA | El Ministerio Público ejecutó ayer la orden judicial de incautación y desposesión de diversos bienes muebles, inmuebles y vehículos vinculados a los investigados por los presuntos aportes de origen ilícito realizados al Partido Nacionalista para la campaña electoral de 2011

Un equipo liderado por el fiscal Germán Juárez Atoche, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, intervino dos inmuebles de propiedad de Nadine Heredia Alarcón, asimismo, dispuso el congelamiento de cuatro cuentas bancarias a su nombre.

También fueron incautados dos inmuebles, tres vehículos y una cuenta bancaria de propiedad de su madre, Antonia Alarcón Cubas. Además; un vehículo, una cuenta ahorros y un inmueble propiedad de Rocío del Carmen Calderón Vinatea fueron intervenidos.

Igualmente, fueron congeladas tres cuentas bancarias de la empresa 'Todo Graph S. A.' y otra del Partido Nacionalista Peruano, además de un vehículo.  Todos los bienes incautados fueron puestos a disposición del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su custodia respectiva.

Al respecto, el fiscal Juárez Atoche informó que la diligencia fue posible luego que el Ministerio Público consiguiera acopiar suficientes elementos de convicción que lo llevaron a solicitar, el pasado 11 de abril, esta medida cautelar ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

La decisión que declara fundada el pedido fiscal se encuentra plasmada en una resolución de más de 150 páginas emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Entre los elementos que sustentaron la medida destaca el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que da cuenta de 3 millones 092 mil 862 soles en facturas pagadas que no fueron declaradas por el Partido Nacionalista en el informe de rendición de cuentas, gastos de publicidad y televisión y radio. Según la organización electoral, dicho partido solo logró identificar 741 mil soles en su rendición de cuentas, de un total de 3 millones 833 mil 888 soles.

Otro elemento importante fue informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre irregulares ingresos obtenidos por Heredia Alarcón a través de supuestos contratos de consultoría y asesoría profesional.

La resolución judicial destaca una serie de hechos que sustentan esta medida cautelar, pero además anota la resolución que no existe ninguna otra medida menos gravosa que pueda suplantar a ésta. Lo cual es también advertido en dicha resolución.

No se trata de una medida de embargo, la cual tiene por finalidad cautelar una posible reparación civil, acá se trata de una medida de incautación cuya finalidad es cautelar el posterior decomiso (pérdida definitiva del bien a favor del Estado) por tratarse de un efecto del delito.

Además, según el artículo 102° del Código Penal no se establece prohibiciones que corresponden a condiciones especiales de los habitantes de una vivienda que será incautada.

Medidas como esta son naturales en una etapa preparatoria de una investigación por lavado de activos, tal como ha sucedido en las investigaciones a otros sujetos procesales como Alejandro Toledo, Pedro Pérez Miranda, Gerald Oropeza, Rodolfo Orellana, entre otros.

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