Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

Los gobernantes a lo largo de la historia llevan la cruz de su mandato, muchas veces ensangrentada de población civil inocente; Perú no es la excepción; históricamente  los conflictos más agudos  en que se ha visto comprometida la nación fueron en el siglo XIX con la guerra de la independencia y la guerra con Chile.

En el siglo XX los hechos de violencia en Perú sucedidos en 1930-1934, 1948-50, 1965, 1977-80, duraron poco y las víctimas no son tan escandalosas como a partir de 1980 que dejó como secuela muertes, heridos  o desapariciones forzadas que ocurrieron de mayo de 1980-noviembre de 2000.
 

Ad portas de su posesión, el 17 de mayo de 1980  acaeció la primera acción del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso en Chuschi, Cangallo,según  la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Invasiones, masacres y violación de derechos humanos es lo que viene de ahora en adelante; en enero de 1981, Ecuador   invade territorio peruano; en 1983 ocurre la masacre  de Lucanamarca, en la que Sendero Luminoso asesinó  69 campesinos; al año siguiente la masacre de Putis: 123 campesinos muertos “llevada a cabo por Ejército peruano”, según afirman. En ese mismo año la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas ocurridas en el cuartel militar de Los Cabitos, Ayacucho, en 1983.

De 1984 a 1995 muchas mujeres  fueron violadas; concretamente las pertenecientes a comunidades huancavelicanas, siguen esperando justicia después de  35 años. Al año siguiente la masacre de Accomarca, el 14 de agosto de 1985: el pueblo entero fue borrado literalmente.

En 1986 se colmó la copa en materia de violencia en este país; aumentaron los escuadrones de la muerte y se agudizó el enfrentamiento con  los terroristas, por lo que   el conflicto interno entre 1986 y 1989, tuvo tintes fatídicos, con la ola de atentados en Lima principalmente. En 1986  Alan García llevaría a cuestas hasta su tumba  además de unas 300 cruces correspondientes al número de presos asesinados en un penal de Lima, la mayoría acusados de terrorismo; la muerte de  más de 100 personas en 1986 durante un motín en la prisión de El Frontón, del que se acusa a  ex miembros de la marina; las miles de vidas que dejaron como saldo  las  masacres tan comunes en la época, como por ejemplo la llevada a cabo   en el pueblo ayacuchano de Cayara en 1988 con decenas de campesinos asesinados.

Cada hecho parecía como si fuera el último  y el peor de esa cadena de violencia; el pueblo no aguantaba más, empero ésta  se repunta  de  junio 1986 a marzo 1989, cuando sucedieron la carnicería de los penales de junio de 1986  y la incursión de narcotraficante que dejaron en su trasegar otra cuota de vidas fallidas.


 

De 1990 al 2000, el país es gobernado por Alberto Fujimori; que en 1991 deja ver sus garras con la  Masacre de Santa Bárbara: 15 personas asesinadas; y la máxima aberración, las esterilizaciones forzadas; más de 5.000 mujeres habían sido incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; cifra que dista notablemente de la que entregó la comisión del Congreso peruano que en 2002 investigó  esos casos: 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.

El 12 de setiembre de 1992 el pueblo peruano recibe la noticia de la captura en Lima de Abimael Guzmán Reinoso; se supuso equivocadamente  que la violencia cesaría; por el contrario se agudizó.

De acuerdo a la CVR “el conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana”. La CVR ha recibido reportes de 23,969 peruanos muertos o desaparecidos; empero se afirma  que  “la cifra total de víctimas fatales del conflicto armado interno superaría en 2.9 veces esa cantidad”.

 

En el Perú desde hace tiempo  los defensores  de los derechos humanos son amenazados y acosados, señalando de esa conducta supuestamente a agentes estatales; y de otra parte se ha agrandado la violencia contra las mujeres y a los indígenas los siguen asesinando.
 
El viacrucis de los expresidentes peruanos se resume en la situación jurídica en las que están comprometidos: la  condena de 25 años de prisión  por delitos de lesa humanidad y 7 años por peculado a Alberto Fujimori; el asesinato cuando fue detenido del dos veces presidente  Alan Garcia (1985 a 1990 y 2006 – 2011); Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la justicia peruana por cargos de corrupción; la  reclusión o prohibición de salir del país de Ollanta Humala (2011-2016),  acusado de lavado de activos y concierto para delinquir y la detención de Pedro Pablo Kuczynski de 81 años de edad (2016-2018) por el caso Odebrecht.

En Perú oficialmente desde el 23 de abril de 2019  está abierto el debate para modificar la detención preventiva, correspondiéndole al Congreso de la República su estudio en miras a una  replanteamiento de la normatividad legal en ese sentido, en miras a suavizarla y preferir la detención domiciliaria.
 

@luforero4