MONTEVIDEO | En medio de la indiferencia general, esta semana se produjo en Uruguay un nuevo procesamiento con prisión de una madre por no ocuparse bien de su hijo menor de edad.

La mujer, de 50 años, no había cometido delito alguno, pero su hijo había sido denunciado como integrante de una banda de niños de entre 12 y 16 años que se habían convertido en la pesadilla del barrio montevideano de Maroñas, donde cometían pequeños hurtos y apedreaban vehículos.

Una juez penal de Montevideo procesó a la madre por “omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”, una figura jurídica de 1972 algo olvidada y rescatada en agosto de 2013 después del asesinato de un repartidor de bombonas de gas por parte de tres menores. Este suceso provocó una conmoción en la opinión pública y tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación. Tras el crimen, el juez de la causa, Homero da Costa, decidió encarcelar a las tres madres, argumentando que las mujeres no ejercieron “debidamente, no con un mínimo de responsabilidad, el control de las conductas de sus hijos, comprometiendo seriamente la salud moral y el desarrollo de ellos”.

Pocos días antes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había asegurado que los jueces penales debían ocuparse e investigar el entorno familiar de los menores infractores. El incremento de los robos y asaltos es una de las principales preocupaciones de los uruguayos, que han visto cómo aumenta la criminalidad juvenil en los últimos años. Sucesivas reformas penales han propiciado las condenas y castigos a los menores, pero los delitos han seguido siendo frecuentes y cada vez más graves, sobre todo en Montevideo.

Desde aquel agosto de 2013, varias madres han pasado a disposición judicial por los mismos cargos, que pueden ser castigados con prisión de tres meses a cuatro años. Hay cinco casos sonados pero cada año hay una veintena de procesamientos por omisión de la patria potestad. En todos los casos de conocimiento público, la intervención de la justicia se centró en las madres y no en los padres. El fiscal Ariel Cancela y algunos magistrados calificaron la medida de “ejemplarizante” y un juez penal declaró a la prensa local que la elección de las mujeres era acertada porque “hay que tener en cuenta que los menores son muy madreros. Si ven que les empiezan a encerrar a la madre puede cambiar algo”.

La historia de la madre que acaba de ser procesada es similar a todas las demás: residente en un barrio pobre, sola al frente de la familia, su marido falleció después de pasar temporadas en la cárcel. Ante el juez declaró que no podía controlar a su hijo de 12 años, que no estaba escolarizado y pasaba todo el día en la calle. En otro caso, después de pasar un mes en prisión, otra madre explicó a la prensa que trabajaba todo el día, su marido la había abandonado y nunca pensó que su hijo pudiera delinquir. Según las estadísticas, cuatro de cada 10 hogares están dirigidos por una mujer en Uruguay y la mayoría de los casos de madres solteras se dan en los sectores más pobres de la población.

Por el momento, no existen datos certeros sobre cuántas mujeres han sido encarceladas por “omisión de los deberes inherentes a la patria potestad” y cuánto suele durar su estadía en prisión. Los casos más conocidos son cinco y algunas mujeres estuvieron hasta seis meses entre rejas. Algunos juristas, como la exfiscal y catedrática de Derecho Mariana Malet, cuestionan “que se procese a una persona por el delito de otra, así como la utilización de la prisión preventiva y el encarcelamiento de mujeres sin antecedentes”. Pero no ha habido críticas, ni desde el izquierdista Frente Amplio ni de la oposición. En general, prevalece la indiferencia ante la suerte de estas mujeres.

Fuente: EL PAIS