La contraloría ha emitido en los últimos días 800 informes que advierten irregularidades en el sector Salud, la Policía y en los gobiernos locales en el manejo de recursos públicos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Su titular, Nelson Shack, afirma -en diálogo con El Comercio- que los actos de corrupción lejos de reducirse por la crisis, se han intensificado.

— La contraloría ha visitado 100 hospitales en diferentes regiones del país. ¿Cuáles han sido los hallazgos?

Se han visitado alrededor de 100 hospitales en el país, tipo II y III, que son 248 a nivel nacional, tanto [los] del Ministerio de Salud, Essalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Lo que hemos encontrado, se ha mirado el proceso, la emergencia, la hospit, afirma -en diálogo con El Comque los actos de corrupción lejos de reducirse por la crisis, se han intensificado. as normas técnicas, los hospitales deben tener un triaje diferenciado, uno para pacientes COVID y otro para el resto. Hemos encontrado que el 82% sí tiene área diferenciada, en ese aspecto no estamos tan mal, todos deberían tener triaje diferenciado […] Y de los 100 hospitales que hemos visitado, solo el 23% tiene salas aisladas con presión negativa que cumplen con los estándares [establecidos por el Ministerio de Salud]. Un cuarto aislado debe permitir encapsular cualquier tipo de virus, que no salga.

Otro punto son las ambulancias. El Minsa recomienda que para el COVID se utilicen ambulancias tipo 3 [para el traslado de pacientes], pero solo 27 hospitales de los visitados tienen estas unidades. Y del total de ambulancias disponibles, que son 132 [se incluyen 61 de tipo 2 y 44 de tipo 1], solo el 60% tiene choferes. ¿De qué me sirve una ambulancia si no tiene un chofer asignado?

— ¿El sistema de salud en Loreto y Lambayeque está a punto del colapso?

No tenemos ahorita el dato de la segmentación. En Loreto hemos visitado el hospital regional, que es el único definido por el Ministerio de Salud para que atienda a pacientes por COVID. Y en Lambayeque hemos supervisado el hospital regional y otro. No hemos visto todos los hospitales, esto aún no ha acabado. En el transcurso de la próxima semana vamos a poder tener la versión completa, porque los informes todavía no están emitidos.

— La contraloría determinó que el Hospital Emergencia Ate Vitarte, donde se reciben a los pacientes más graves de coronavirus (COVID-19), solo cuenta con 24 camas con ventiladores mecánicos para la atención médica, cuando desde el Ejecutivo indicaron que había 50. ¿Esta situación se ha repetido en otros hospitales?

No hemos hecho ese análisis todavía, se debe de entender qué es una cama UCI, no solo es el colchón y el catre, tiene que haber un ventilador, un médico intensivista, una enfermera de emergencia y un técnico de fisioterapia respiratoria. ¿Qué hemos visto en estos 100 hospitales? Se han encontrado 552 camas UCI para el COVID. Y en ese momento, porque esto es dinámico, porque la gente entra y sale, había 340 camas ocupadas. Entonces, uno podría decir que se tenían 212 camas disponibles, pero eso no es correcto. Hay 552 camas, pero solo hay 529 ventiladores operativos, en la práctica hay 23 camas que solo son colchón. Y de estos 529 ventiladores operativos hay 370 ocupados, con lo cual solo quedaban 159 ventiladores. Si la lógica es que la cama UCI es ventilador con colchón y catre, ya no tienen 212 disponibles, sino 159. También hay un déficit muy grande, de acuerdo a las normas técnicas, de personal de salud. Por ejemplo, se requieren 529 médicos intensivistas, pero solo tenemos 265; deberíamos tener 738 enfermeras especialistas en UCI, pero tenemos 672. ¿Cuántas camas podríamos atender con el personal que actualmente está disponible? Solamente 342 camas. Lo que hemos encontrado en el hospital de Ate se está mostrando en todos los hospitales. Es decir, faltan ventiladores y falta personal. Por eso, el sistema está colapsando. Vamos a hacer un análisis por cada hospital, a fin de ver las diferencias [con las cifras dadas por el Ejecutivo].

— El Ministerio Público ha abierto investigación por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y en la contratación de servicios en la Policía Nacional. ¿La contraloría está acompañando este proceso? ¿Cuáles son los elementos que tienen?

Nosotros hemos recibido alrededor de 14 denuncias, algunas evidentemente se repiten, sobre una serie de contrataciones en el Ministerio del Interior. Estamos investigando 10 procesos de contratación que superan en su valor los S/26 millones. Sin embargo, hay que ser conscientes que varios de ellos, a raíz de lo que se publicó en los medios de comunicación fueron anulados. Puede ser que no hubo perjuicio económico porque se canceló el contrato, como el del rancho frío con una empresa que vende autopartes. Pero no es así de sencillo. Al margen de la responsabilidad penal, lo cierto es que los policías necesitan comer y también portar sus mascarillas, el hecho de que los contratos se hayan cancelado no significa que no haya perjuicio. No habrá un perjuicio monetario, pero hay un perjuicio más importante, en el sentido de que se ha afectado los servicios de la policía, porque se trata precisamente de dotar a los policías [que están] en la primera línea de defensa de elementos indispensables para que no se contagien. Y debo precisar que estos informes de contraloría son orientaciones de oficio, no son informes de control posterior, que identifican las responsabilidades, en esto estamos trabajando, eso demora, estimo que en unos 60 días estarán listos.

— ¿Estos malos manejos implican a altos mandos de la Policía Nacional?

No, todavía no hemos podido identificar eso formalmente, para ello necesitamos hacer los informes de control posterior. En esta etapa se individualiza las responsabilidades. Sin embargo, como las acciones de control posterior se harán en dos o tres meses, no podíamos esperar. Por ello, hemos coordinado con la fiscalía anticorrupción y sobre la base de los informes de control simultaneo de la contraloría, el Ministerio Público intervino [las oficinas de la Policía] y abrió investigación […] Hemos tenido reuniones de trabajo con el fiscal superior Omar Tello, y hemos formado un grupo de trabajo para que los principales casos de la fiscalía se vean en Lima de manera centralizada. Tenemos denuncias, hemos intervenido en las regiones policiales de Lambayeque, Arequipa y Junín.
 

— El gobierno transfirió más de S/200 millones a las municipalidades a 1.874 municipios, entre provinciales y distritales, para que adquieran canastas de productos de primera necesidad, que debían ser distribuidas entre las personas más vulnerables de sus localidades. ¿Al día de hoy, cuáles son las irregularidades que ha detectado su oficina?

Ha habido una serie de irregularidades. Para nosotros, el control de las canastas todavía no termina. El gobierno dio S/213 millones a los municipios y, además, les permitió que dispongan de sus propios recursos para incrementar este fondo destinado a las canastas, así que estamos hablando de casi S/300 millones. Nosotros no tenemos capacidad para investigar a los 1.874 distritos, por lo que hicimos una priorización en todas las provincias y distritos de manera de lograr controlar el 80% de todo el monto. A la fecha hemos visitado 946 de los 1074 distritos [que vamos a fiscalizar].

— ¿Y qué es lo que han encontrado?

Varios tipos de irregularidad. Primero en la conformación de canastas. Aquí hay sobrevaloración de precios y la reducción de los componentes, sobre todo en los pesos. Por ejemplo, en el papel decía que entregaban 5 kilos de arroz, pero en realidad solo daban 4 kilos. Obviamente, el beneficiario no se daba cuenta, porque no pesaba las bolsas, nosotros sí lo hemos hecho. También detectamos que hubo actos de proselitismo. Los alcaldes entregaban las canastas con su foto, con el lema o con los colores de sus partidos.

Y en el proceso de distribución se apreció otro tipo de irregularidad, se le dio canastas a 1.111 funcionarios y servidores públicos que reciben un sueldo del Estado superior a S/1.200, incluso algunos ganan S/8.000. Estos casos ya son materia para un control posterior, no se puede entregar canastas a personas que no eran parte de la población objetivo. Y, además, se verificó que en los registros figuran nombres y DNI que no cuadran con el sistema de Reniec.

— ¿Hay beneficiarios fantasmas?

No necesariamente, puede tratarse de un error. Puede ser que hayan anotado mal un número del DNI. Pero una parte de esos números de DNI no existen en la Reniec. Una alternativa es que no hayan puesto el DNI, sino el carné de extranjería si se trata de un extranjero. Hemos pedido acceso a la base de datos de Migraciones.

— El Estado está destinando una partida presupuestal de más de 6.200 millones de soles para enfrentar al coronavirus. ¿Qué tan grande es el reto de fiscalizar, teniendo en cuenta que el Perú es un país marcado por la corrupción?

Es un desafío gigante. Según nuestros registros, ya el gobierno ha dispuesto S/39.500 millones para enfrentar al COVID-19. De estos, S/30.000 millones corresponden al programa Reactiva Perú. Si quitamos eso, y también el presupuesto destinado para las MYPES, los núcleos ejecutores y para el subsidio de planillas, nos quedamos con S/8.000 millones que es lo que estamos tratando de controlar. Evidentemente, todo no se puede controlar. He hecho un estudio, que pronto se va a publicar, en el sentido, de que el Perú perdió [por la corrupción] en el 2019 el 15% de su gasto neto, quitando las transferencias entre sistemas del sector público. Ese 15% ahora con la pandemia debe ser más, porque se ha liberalizado todos los procesos de contratación.

— ¿El costo de la corrupción puede ascender a más del 15% del presupuesto asignado para la emergencia?

No precisamente, ese 15% hubiera sido más si es que no es un esfuerzo especial por parte de las acciones de control. Esta es la primera vez que la contraloría interviene junto a la fiscalía durante una emergencia. La idea es que ese 15% se reduzca. El reto es mayor, porque estamos trabajando a la mitad de nuestra capacidad operativa. Somos 4.500 personas a nivel nacional, la mitad está en riesgo, por edad o por salud. Actualmente, están trabajando en modo presencial, 2.400 y de estos, 1.600 son los auditores. Si es que no actuamos, podría haber un nivel de perdida de recursos superior al 15% [del presupuesto destinado para el coronavirus].

— ¿Cree que ha faltado martillazos para aplanar la curva de la corrupción?

Es prematuro decir que la curva de la corrupción, que siempre ha existido, se está aplanando. De hecho, las intervenciones de la contraloría creo han disuadido a muchas personas para que no vayan por ese mal camino.

— ¿Requieren de alguna facultad adicional a la brindada por el Congreso?

A raíz de lo más de 800 informes que hemos publicado, hay tres cuestiones normativas que valdrían la pena implementar para atajar la corrupción y las inconductas funcionales. Hay abundantes irregularidades, eso se aprecia en los informes, pero qué pasará cuando salgan los informes de control posterior y se pueda identificar a los responsables. La contraloría no podrá sancionar a nadie [de manera administrativa], porque desde abril del año pasado no tenemos esa facultad. Por ejemplo, hemos encontrado a 1.111 funcionarios que recibieron canastas cuando no debieron, y hay funcionarios responsables de eso, sobre ellos caerán auditorías, pero quiénes los tendrán que sancionar. ¿El alcalde, la municipalidad? Mientras más se demore el Parlamento en restituir la capacidad sancionadora de la contraloría, más de estos casos vamos a tener.

— La otra iniciativa busca prohibir la subcontratación durante etapas de emergencia…

[…] Hay que plantear el cierre de la posibilidad de que haya intermediarios [para la compra de bienes] en un contexto de emergencia. Como la contratación no es abierta, sino discrecional, entonces empiezan a generarse una serie de empresas, a las cuales les pasan la información de una compra grande desde el Estado y estas van donde el fabricante y adquieren todo el stock. También hay veces que el fabricante no le quiere vender al Estado porque es riesgoso, porque demoran en el pago. O porque no quieren participar de un proceso [engorroso] de licitación y venden a un intermediario. Pero en una emergencia no hay procedimiento de postulación, solo se presenta la cotización y se dice si se tiene o no el producto solicitado. Si se cierra o se perfecciona este procedimiento, los problemas detectados en la Policía y en Salud se podrían eliminar.

— ¿Y la tercera iniciativa de qué trata?

El otro cambio normativo es comprarle al que tiene el giro del negocio, es decir no le vas a comprar rancho o mascarillas a una firma que vende autopartes o que se dedica a la construcción. Pero eso es posible hoy, se debe cerrar mejor la regulación del registro nacional de proveedores. Una empresa se puede dedicar a la construcción, pero en su RUC declara que tiene otras actividades y, en ese rubro “otros” entra cualquier cosa. He coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción y vamos a armar grupos de trabajo para avanzar en estas iniciativas.

— ¿La contraloría ha recibido fondos suficientes del MEF para sus labores de control concurrente?

Hemos diseñado un plan de control que implica la realización de 1.980 intervenciones en tres meses, y la generación de 4.503 informes de control. A la fecha hemos producido más de 800 informes. Para llegar a los 4.503 estimamos un presupuesto de S/71 millones. No necesitamos toda esa plata junta. ¿Por qué? Porque para contratar [a personal] CAS demora 45 días. Hemos usado nuestra capacidad operativa, que ahora está a la mitad, todos estamos trabajando en el tema del COVID. Y ese fue el planteamiento que se le hizo al MEF, se le dijo que necesitábamos S/31 millones [para el inicio], los cuales fueron oportunamente entregados. Y los otros S/40 millones los vamos a pedir, pero para fines de mayo o junio. Lo que sí hemos pedido y aún no hay una respuesta es al tema de la contratación. Necesitamos de una exoneración, así como tiene la tiene el sector Salud.

— ¿Cómo es su relación con el presidente Vizcarra, tras las discrepancias que hubo por el control concurrente?

No, no diría que hubo discrepancias, en el sentido, de que esto ha afectado las relaciones interinstitucionales que tiene la contraloría con la Presidencia de la República, en absoluto. Tanto el gobierno como la contraloría y el Poder Legislativo y todos los ciudadanos estamos tratando de hacer nuestros mejores esfuerzos en la lucha contra la corrupción…

— ¿Y cuando la emergencia sanitaria pase, la contraloría insistirá con el control concurrente para todas las obras que superen los S/10 millones?

Por supuesto, tenemos que insistir en ello, estamos plenamente convencidos que siempre prevenir es mejor que curar, el control simultaneo permite advertir los hechos oportunamente. Es más, hay algunas circunstancias donde no se hace control concurrente y después no se puede hacer control posterior. Por ejemplo, imagina qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho control concurrente con las canastas y verificar que le estaban robando a la gente en el peso y en el número de bolsas. Y si vamos dentro de un mes, dos meses o seis meses a las municipalidades a hacer control posterior, qué vamos a revisar, solo los papeles. Van a decir que todo se entregó y mostrar papeles con la firma de recibido, este hecho delictivo no podría ser constatado.

— El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Edgar Alarcón, afirmó que su grupo investigará denuncias sobre compras para enfrentar la pandemia. ¿No cree que el Congreso puede duplicar la labor de su oficina?

No, el Congreso tiene un rol de control político y, de acuerdo a los informado por el presidente de la comisión, han conformado una serie de grupos de trabajo para fiscalizar. De hecho, habrá una coordinación con la contraloría precisamente para que no haya estas duplicaciones. Nos van a pedir apoyo para destacar a algunos funcionarios de la contraloría a estos grupos. Los informes de la comisión van a servir de retroalimentación para la contraloría, la idea es hacer esta coordinación para que no haya duplicación de esfuerzos.

— La contraloría abrió una investigación al excontralor Alarcón, luego de que El Comercio revelara que alteró 26 de sus declaraciones juradas. ¿Cuándo se tendrán los primeros resultados?

Efectivamente, ya se ha dispuesto una auditoría interna sobre el particular, estimamos que, en unos 30 días hábiles, es decir hacia fines de junio el informe vea la luz. Este informe analizará qué ha pasado con todas estas modificaciones que se han hecho en el sistema de declaraciones juradas por parte del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

— ¿Es normal que haya tantas modificaciones?

No, no es normal, justamente a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención y, por eso, hemos dispuesto que se abra esta investigación, ahora hay que esperar los resultados.

— El pleno del Congreso aprobó una resolución legislativa que establece que las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios serán reguladas por el propio Legislativo. ¿Es un retroceso? ¿Cree que está función debió recaer en la contraloría?

Hace un par de años, en el Congreso anterior, se aprobó un dictamen que modificaba la Ley 30161, que regula la presentación de la declaración jurada de bienes, rentas y patrimonio; ese dictamen planteaba que las declaraciones juradas de intereses también sean presentadas ante la contraloría dado que esta entidad cuenta con un sistema electrónico que puede interoperar con todas las bases de datos del Estado. Este fue un punto de agenda en las reuniones que sostuvimos con las nuevas bancadas, y todos los congresistas coincidían con esa propuesta. Sin embargo, la ley que han aprobado no es muy clara, y da la impresión, por cómo ha sido redactada, que únicamente los trabajadores del Congreso estarían obligados a presentar sus declaraciones de intereses ante la contraloría.

— La bancada de Somos Perú ha presentado un proyecto de ley, en el que plantean que los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción durante pandemias, fenómenos o desastres naturales reciban cadena perpetua. ¿Usted está a favor de esta propuesta?

A ver, tendría que analizar en detalle el contenido de esta propuesta. Pero, en general, es absolutamente lógico pensar en el endurecimiento de las penas para los funcionarios públicos que resulten responsables de latrocinios que se dan en emergencias, porque no solo roban dinero, sino en muchos casos están robándole la vida a la gente.

— Estos malos funcionarios también podrían ser inhabilitados de por vida…

Es una propuesta interesante, se debe analizar. En lo particular, estoy de acuerdo en un endurecimiento de penas para todos los malos funcionarios que no solo roban, sino que, en muchos casos, trafican con la vida del pueblo. En situaciones como esta no solo se afecta el erario nacional, se pone en riesgo y se afecta directamente la vida de nuestra gente.

— ¿Qué sensación le ha dejado estas primeras semanas de control? ¿Hay más actos de corrupción que en una coyuntura normal?

Así como la pandemia ha desnudado cosas positivas como la enorme solidaridad, compromiso y entrega de muchos de nuestros funcionarios, particularmente de policías, militares, médicos y enfermeras, también lamentablemente desnuda la falta de valores que tienen muchos funcionarios públicos. Corrupción siempre ha habido, el asunto es que ahora [en la emergencia] se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad. […] Es claro que, en todos los procesos de emergencia, al liberalizar los recursos, también se liberaliza las posibilidades de que malos funcionarios cometan sus fechorías, con el agravante de que el perjudicado no solo es el erario público, sino, en muchos casos, la vida de nuestra gente.

— El Ministerio Público, en compañía de agentes de la policía anticorrupción, ingresó a las oficinas de la contraloría. A su institución se le cuestiona por la compra de guantes, alcohol y mascarillas aparentemente al doble de su precio...

Como lo informamos hace un par de días, solicitamos al Ministerio Público y a la Auditoría Interna el inicio de las investigaciones en el marco de su competencia. Toda la información sobre el proceso en cuestión está ya en mano del Ministerio Público. La contraloria garantiza su disposición de facilitar todos los elementos que contribuyan a la investigación.

Fuente: Producido y publicado por EC