Publicado por el Instituto Peruano de Economía - IPE
  
    
En las últimas semanas, la discusión acerca de las políticas laborales del gobierno ha sido opacada por la incertidumbre alrededor de la permanencia en el cargo del actual ministro de Trabajo, Íber Maraví.

Ante una población ocupada cuya calidad de empleo se han deteriorado, el Ministerio de Trabajo tiene un rol importante para generar condiciones que permitan recuperar el terreno perdido. Sin embargo, las medidas anunciadas orientadas al incremento del empleo temporal serían ampliamente insuficientes sin un empuje de la inversión privada.

Una recuperación con matices

El avance del empleo desde la cuarentena estricta en el segundo trimestre del 2020 ha sido sostenido, con excepción de un retroceso en el primer trimestre del 2021 dado el impacto de la segunda ola de la pandemia. Según la Encuesta de Hogares (Enaho) del INEI, la población ocupada nacional en el segundo trimestre del año fue 0,9% menor a la correspondiente al mismo período del 2019.

Sin embargo, la evidencia sugiere una recuperación más lenta del empleo en trabajadores mejor calificados y de puestos de trabajo de mayor calidad. Por ejemplo, según nivel educativo, la población ocupada con educación superior universitaria o no universitaria fue 8% menor respecto al segundo trimestre del 2019, una pérdida de 527 mil puestos de trabajo. Además, según el BCR, el empleo formal del sector privado fue 3,9% inferior al del mismo período del 2019.

Precarización del empleo

La reinserción laboral pospandemia se ha dado en gran medida en ocupaciones que ofrecen menores salarios y peores condiciones laborales. Debido a la falta de mecanismos de protección social efectivos en el Perú, la mayoría de las personas no puede mantenerse desocupadas por mucho tiempo y buscan alternativas en el subempleo.

Los datos de la Enaho dan cuenta de que el número de trabajadores subempleados a nivel nacional alcanzó los 9 millones en el año móvil comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, lo que significa un incremento de más de 1 millón y medio de personas en el subempleo en relación con los años móviles julio 2019-junio 2020 (7,5 millones) y julio 2018-junio 2019 (7,4 millones).

En la misma línea, la tasa de informalidad en el país se ha incrementado de 73,6% en el año móvil julio 2019-junio 2020 a 78,1% en julio 2020-junio 2021. Esto se explica principalmente por el incremento de la informalidad en el área urbana de 66,8% a 72,5% entre los mismos periodos. Además, en las zonas urbanas, la participación de los trabajadores independientes o autoempleados sobre el total de la fuerza laboral ocupada se ha incrementado de 32,9% previo a la pandemia (cuarto trimestre de 2019) a 35,7% en el primer trimestre de 2021.

Más aún, la precarización del empleo ha significado una caída de los ingresos de la población, lo que pone a un grupo de familias en una situación de vulnerabilidad económica. En el área urbana, el ingreso promedio mensual por trabajo se ha reducido de S/1.572 en el periodo julio 2018-junio 2019 a S/1.313 en julio 2020-junio 2021, una caída de 17%. Cabe mencionar que el 80% de los ingresos de las familias del país provienen del trabajo, mientras que el 20% corresponde a ingresos no laborales como transferencias, alquileres, utilidades, entre otros.

Respuesta del gobierno

En este contexto, el Gobierno ha anunciado que se buscará dinamizar el empleo a través de obras públicas y programas de empleo temporal. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, ha señalado que los programas estatales de empleo temporal involucran un costo de S/700 millones para el 2021 y el 2022, monto que será financiado mediante la recaudación tributaria. De dicho monto, S/526 millones se ejecutarían en durante el próximo año –como parte del programa Trabaja Perú– según la Ley de Presupuesto 2022, con lo cual se tiene prevista la creación de alrededor 500 mil empleos temporales en las municipalidades.

En su mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente Pedro Castillo anunció que durante su primer año de mandato se crearán un millón de puestos de trabajo. Para esta propuesta planteó una mayor ejecución de inversiones en proyectos de inversión pública a escala subnacional, y en programas de empleo temporal. Sin embargo, el cumplimiento de esta promesa, además de no contar con precedentes históricos que sustenten su viabilidad, estaría limitada en la práctica por la menor capacidad del sector público –en comparación con el sector privado– para desplegar inversiones de gran envergadura y generar empleos de calidad.

Además de los cuestionamientos sobre la factibilidad de poder llegar a dichas cifras  cabe señalar que el énfasis de los programas de empleo temporal distrae la atención sobre los dos asuntos pendientes urgentes: la generación de empleo a partir de mayor inversión privada y los problemas estructurales que presenta el mercado laboral del país como la alta informalidad y baja productividad del trabajo.

Al respecto, Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, menciona que la legislación laboral en el país resulta mayormente ignorada y no protege a los más pobres, sino solo a la minoría que logra acceder a un puesto de trabajo formal. Más aún, señala que las regulaciones impuestas por la legislación laboral generan distorsiones que limitan la formalización de los trabajadores. “Se protege al puesto de trabajo, cuando en realidad se debería pensar en brindar protección a las personas”, afirma Ñopo.