Queremos invitarte a leer el informe “Derecho a la salud, privilegio de pocos”, en el cual Amnistía Internacional ha evidenciado que existen grandes barreras, dígase insuficiente infraestructura pública, falta de calidad y discriminación en los servicios de salud

Con este informa se identificó que aquellas personas que cuentan con seguros públicos, se atienden en el sector privado con sus propios recursos, sin esquemas de aseguramiento. Los más pobres son los más afectados: el 10% de los hogares más pobres gasta el 8% de sus ingresos en salud, mientras que el 10% menos pobre gasta el 4%. Además, el 47% de las personas con necesidades de atención en salud recurre a las farmacias, y no a establecimientos públicos.

La infraestructura hospitalaria es desigual: el promedio nacional es de 9.4 camas por cada 10 mil habitantes, pero departamentos como Cusco cuentan solo con 2.7 camas por cada 10 mil habitantes.

Así mismo, según la OMS, Perú tiene el promedio nacional de 16 camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes, cuando debería tener 39 camas, como lo tienen otros países de ingreso medio-alto similares a Perú.  

El nivel de atención primaria debería de estar en capacidad de atender cerca del 80% de los problemas de salud de los pacientes, pero postas y clínicas se encuentran actualmente saturadas.

Todo esto ha creado un sistema desigual e injusto.

Por ello, pedimos a las autoridades:

Aumentar el presupuesto público en salud, e implementar medidas ficales necesarias, incrementando el gasto público en la atención primaria.
   

Mejorar la distribución de infraestructura hospitalaria y la disponibilidad de médicos permanentes, para que se reduzca también la carga desproporcionada de gastos de bolsillo de todas las personas.

iNFORME: Perú, derecho a la salud, privilegio de pocos

Este informe analiza la situación del derecho a la salud desde el marco internacional de los derechos humanos en Perú, con énfasis en los departamentos de Lima y Ayacucho, para evaluar en qué medida el país cumple con sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud de las personas cubiertas por diferentes esquemas de acceso a la salud; analizar el efecto de las barreras estructurales de acceso a la salud, y las afectaciones derivadas de la represión durante las protestas sociales que sucedieron entre diciembre de 2022 y el primer trimestre de 2023.

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