Como respuesta al incremento de las acciones subversivas en el departamento de Huancavelica, se instaló bases militares en los distritos de Vilca y Manta el 21 de marzo de 1984. Es así que, durante el tiempo en que funcionaron las bases militares, la población local fue víctima de diversas violaciones a sus derechos por parte de los militares: detenciones arbitrarias, torturas, robos y saqueos. Sin embargo, lo más reprobable de este accionar fue la violencia sexual permanente a las que fueron sometidas las mujeres de la zona, quienes, en ocasiones, también eran forzadas a realizar labores domésticas para los agentes acantonados en las bases. Adicionalmente a las secuelas físicas y mentales que sufrieron las víctimas, la CVR, quien dio a conocer este y otros casos de graves violaciones a los derechos humanos, dejó constancia de los numerosos casos de embarazos no deseados y de niños nacidos a consecuencia de las ya señaladas violaciones sexuales por parte del personal de tropa en agravio de las mujeres de la zona.
Los casos registrados por la CVR dan cuenta de la utilización de la práctica de la violación sexual entre 1985 y 1995, hecho que desde el punto del Ministerio Público significa la existencia de una práctica generalizada del delito y la existencia de por lo menos una aquiescencia de los mandos militares.
Si bien el caso fue presentado por la CVR el año 2003, debido a la complejidad del caso a la falta de experiencia del Ministerio Público en la investigación de este tipo de casos, las investigaciones a nivel preliminar duraron varios años y recién el año 2008 se formuló denuncia contra elementos militares vinculados a la comisión de los eventos delictivos. El proceso penal recién fue abierto en abril de 2009 por el juzgado penal supraprovincial de Lima y hasta el año 2012 se ha mantenido en etapa de instrucción.
LIMA - El viernes 8 de julio 2016 se inició el juicio contra 14 militares que hace más de tres décadas violaron a 11 mujeres campesinas en una base militar en Huancavelica, durante la violencia terrorista que vivió Perú contra Sendero Luminoso.
Los hoy exmilitares pertenecieron al Ejército Peruano y son acusados por la fiscalía del delito contra la libertad sexual, que supuestamente cometieron en las bases militares de las comunidades campesinas de Manta y Vilca entre los años 1985 y 1995 en la región Huancavelica, una de las más pobres del país.
La fiscalía solicitó a los magistrados de la Sala Penal Nacional sanciones que oscilan entre los ocho y 18 años de prisión. La primera audiencia fue pública, aunque los abogados de los acusados demandaron que las siguientes sesiones sean privadas, como lo permite la legislación peruana en casos de abuso sexual.
No obstante, el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, reclamó que las sesiones sean públicas, alegando que las víctimas pasaron un proceso de recuperación psicológica. Sólo siete de los catorce exmilitares procesados se presentaron a la audiencia en Lima. Del lado de las 11 víctimas, ninguna acudió.
Grupos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas realizaron una pequeña manifestación pacífica en las afueras del tribunal para llamar la atención de la ciudadanía.
Según la ONG Demus en Perú existen "más de 5 mil casos registrados de mujeres violadas" durante el conflicto y "147 hijos producto de esos delitos".
