Más de 50 colectivos y organizaciones se reunieron en el auditorio de la Comunidad Andina, donde se realizó el Foro Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú.

En ella, se reafirmó el compromiso de trabajar conjuntamente para lograr que todos los niños y adolescentes puedan vivir en un entorno de protección, respeto y oportunidades que les permita desarrollarse plenamente.

El contexto actual no solo exige reflexión, sino también acción decidida para transformar las estructuras que no están logrando proteger a la niñez y adolescencia; por ello se demanda una revisión urgente y exhaustiva del sistema de protección, así como de la legislación, las políticas y servicios públicos dirigidos a las infancias y adolescencias, con enfoque de interseccionalidad, género e interculturalidad.

“No hay mecanismos de recursos financieros básicos en zonas rurales, para poder atender a estas niñas que viven en lugares muy alejados, por eso las familias desisten a las denuncias de agresión sexual”, Veronique Henry, directora de Plan Internacional y representante de Joining Force For All Children Perú.

La convivencia temprana es un fenómeno frequente en las zonas andinas y Amazónicas.

En ese sentido, alertó que de acuerdo al RENIEC, en la última década se registraron casi 5000 matrimonios infantiles, de los cuales el 98,4% de los casos corresponden a uniones entre niñas de 11 a 17 años y hombres adultos.

Asimismo, de acuerdo al ENDES 2021, tres de cada diez mujeres casadas o unidas comenzó a convivir antes de los 18 años (28.1%); y 1 de cada 10, lo hizo cuando tenía 15 años; en Loreto, la cifra llega a 5 de cada 10.

“Para hacer cambios necesitamos dos consignas: presupuesto y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Solo no podemos, juntos somos fuerza”, comentó Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza.

Se debe señalar que, entre enero y setiembre del 2024, se registraron 16 447 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Aproximadamente el 69% de los casos las víctimas son adolescentes mujeres.

Medidas urgentes

Por ello, los expertos, consideraron que es imperativo identificar y los obstáculos y amenazas al cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el caso de la modificación al Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

En el foro se propusieron algunas medidas que las próximas autoridades deben impulsar: Fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, dotándolo de recursos económicos suficientes, personal capacitado, y fortaleciendo la articulación interinstitucional con carácter vinculante, para responder eficazmente a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.

Revisar y enmendar las normativas que afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es esencial que estas normativas se alineen con los principios de la Doctrina de la Protección Integral y con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando medidas legislativas que realmente protejan y promuevan sus derechos fundamentales.

Garantizar una inversión pública suficiente y eficiente para la implementación de políticas y programas de protección contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren el uso adecuado de los recursos.