Pase lo que pase, el Consorcio ya se metió la plata en el bolsillo, alegremente. Y que de repente ya no existe hoy jurídicamente.

Los consorcios de construcción civil son el gran negocio -tras bastidores- de las autoridades de Huancavelica.

HUANCAVELICA | La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 393 568 en el Gobierno Regional de Huancavelica, como consecuencia de la ejecución del complejo educativo del nivel primario y secundario del centro poblado de Ocoro, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en suelos colapsables, lo que ocasionó daños estructurales irreparables y que uno de los tres pabellones quede inhabitable.

La obra presupuestada en S/ 3 442 247 consistió en la construcción de aulas, cerco perimétrico, losa deportiva, equipamiento y mobiliario, entre otros componentes. Se inició el 15 de octubre de 2014 y concluyó el 25 de octubre de 2015. Se recepcionó el 21 de marzo de 2016, sin observación alguna. Sin embargo, el 2018, se advirtieron daños estructurales en el pabellón B del módulo de aulas secundarias.

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Jaime Saavedra (centro) fue ministro del Minedu en el 2014  Glodoaldo Alvarez Oré (derecha) el gobernador regional de Huancavelica. Ambos son los responsables directos de ese fraude al estado. Foto de una reunion de trabajo en la capital huancavelicana.

Según el Informe de Auditoría N° 001-2021-2-5338-AC la cimentación y zapatas de la infraestructura escolar se realizó en suelos no aptos para la edificación, debido a que presentaban suelos colapsables y con alta porosidad, porque estaban rellenos con escombros, restos de ladrillos, botellas, plásticos, latas, raíces y concreto.

Esta situación no fue advertida por el consorcio supervisor que pudo ordenar las pruebas de control necesarias. Tampoco corrigió, replanteó o modificó la obra durante la fase constructiva, lo que generó fisuras y agrietamientos en vigas, columnas, muros, pisos, losas, veredas, desprendimiento de acabados, pandeo de puertas y ventanas del pabellón, agrietamientos en la edificación con existencia de asentamientos, siendo declarada inhabitable por Defensa Civil, por lo que se requiere su demolición, al encontrarse en riesgo muy alto.

Durante las inspecciones a la obra, también se constató que el cerco perimétrico de los tramos aledaños al pabellón B se encuentran con fisuras y ligero desplazamiento, ocasionando el riesgo de que haya daños estructurales irreparables y posible colapso. Además, podría agravarse por las lluvias que ocasionarían mayores desplazamientos severos.

Pagó penalidad, pero le devolvieron la multa

También se reveló que la entidad cobró la penalidad por S/156 830 al consorcio ejecutor, debido a un atraso de 26 días en los trabajos de obra, sin embargo, posteriormente le reconoció la ampliación de plazo por dicho periodo, pese a que no tenía sustento técnico y que no correspondía, lo que genera el posible riesgo de la devolución de dicho monto cobrado, en perjuicio del Estado.

Los resultados de la auditoría elaborada por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional fueron notificados al titular de la entidad, Sr. Maciste Diaz Abad y a la Procuraduría Pública de la entidad, para el inicio de las acciones legales que correspondan contra los representantes legales del consorcio supervisor y consorcio ejecutor, involucrados.