Mientras el país estaba a la expectativa de la conformación del nuevo gabinete ministerial y del partido de la selección peruana, el pleno del Congreso consumó uno de los mayores golpes a la reforma universitaria de los últimos siete años. Se trata de la aprobación, en primera votación, del dictamen que debilita el rol supervisor de la Sunedu, incorpora en su consejo directivo a representantes elegidos por las mismas universidades e incluso le quita la potestad de licenciar carreras y facultades.
El proyecto de ley “que restablece la autonomía universitaria” recibió 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Tuvo el apoyo en bloque de Renovación Popular, Fuerza Popular, de casi toda la bancada de Perú Libre y de la mayoría de Acción Popular, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú.
Pasada la 1 p.m. arrancó un debate cargado de argumentos imprecisos, críticas al cierre de universidades denegadas y hasta de acusaciones sobre una aparente “inmersión ideológica” a los alumnos. Se plantearon tres cuestiones previas, dos textos sustitutorios y una reconsideración, pero nada prosperó.
El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina (RP), quien también es uno de los autores del dictamen, reafirmó que uno de los cambios a la Ley Universitaria será la reconformación del consejo directivo de la Sunedu. Este tendrá a dos representantes de las universidades públicas y uno de privadas, cuya elección será convocada por los rectores de las más antiguas (San Marcosy la PUCP).
Dicha figura es similar a la de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR); lo cual ha sido rechazado, incluso, por órganos internacionales como la Unesco. ”Los supervisados no pueden elegir a sus supervisores. No ocurre en ningún país de América Latina”, señala.
Pese a ello, Medina insistió en que eso le dará “autonomía y pluralidad” ante los gobiernos de turno, debido a que “el consejo directivo es elegido por el Ministerio de Educación (Minedu)”. Sin embargo, lo que en realidad dice la Ley Universitaria es que ellos son elegidos por concurso público.
A los cinco se sumarán representantes del Concytec, Sineace, el Minedu y del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Los siete miembros, en total, elegirán al superintendente.
Con este dictamen también se elimina el rol rector del Minedu en el aseguramiento de la calidad y se ordena que la Sunedu solo licencie a las universidades y filiales: ya no podrá hacerlo en facultades, escuelas o carreras, como ya ocurre con Medicina.
A favor y en contra
La denominada contrarreforma recibió el respaldo de legisladores como Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Álex Paredes y Edgar Tello, de Perú Libre. Los dos últimos han estudiado en universidades denegadas. “¿Cerrar universidades y perjudicar a alumnos es una reforma o es favorecer el negocio de consultorías”, dijo Tello, quien agregó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual afirma que Sunedu no viola la autonomía, “no impide cambiar la ley”.
En el otro extremo, Renovación Popular y Fuerza Popular apoyaron en bloque. También hubo respaldo de Avanza País, donde Juan Burgos dijo que desde la Sunedu se pretende una “penetración ideológica”, como ocurrió con las movilizaciones contra Manuel Merino. En tanto, en Podemos Perú quien votó a favor fue José Luna Gálvez, dueño de Telesup, el caso más conocido de las universidades con licenciamiento denegado.
También hubo legisladores como Jorge Marticorena (PL), quienes rechazaron el dictamen y presentaron tres cuestiones previas para que este retorne a las comisiones de Educación y Constitución a fin de que sean discutidos a profundidad.
Además, se presentaron dos textos sustitutorios para que la elección del consejo directivo sea con el voto universal de docentes y estudiantes, así como el licenciamiento alcance las carreras, pero Medina se negó a incorporarlas. Al final, 69 congresistas votaron a favor. Flor Pablo pidió reconsideración, pero no fue aprobada. En siete días se dará la segunda votación.
Acción ante el TC
Tras el debate, el bloque a favor de la reforma anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad ante el TC, con el respaldo de 39 legisladores. “Las universidades sí tienen autonomía, pero eso no puede ser autarquía. Los elegidos van a llevar los intereses de los representados. Quieren cambiar la Sunedu para dar una segunda oportunidad”, dijo Pablo.
Por otro lado, legisladores de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, se unieron para celebrar los futuros cambios en la Sunedu.
Instituciones rechazan dicha iniciativa
La Unesco, la Defensoría del Pueblo y un grupo de universidades rechazaron la propuesta y dijeron que la Sunedu no vulnera la autonomía universitaria, tal como lo ratificó el Tribunal Constitucional. “Todos los sistemas de licenciamiento de la región son parecidos al que hoy tiene el país, con expertos que vienen de la vida universitaria, pero no son elegidos por los rectores”, señaló Martín Vegas. La Defensoría reiteró que es fundamental que un órgano independiente e imparcial supervise el servicio. “La reforma no debe retroceder”. Al menos, 16 universidades licenciadas han lamentado este golpe a la reforma universitaria.
El Minedu debe aclarar su posición y observarla
Por Ricardo Cuenca, exministro de Educación
La aprobación de este proyecto de ley ha dejado en claro que los intereses particulares siguen por encima de los intereses nacionales. Los 69 congresistas que votaron a favor han sido un canal de intereses de otros, y esaes una forma precaria de hacer política.
No hay ninguna razón para hablar de la vulneración de la autonomía universitaria. Solo se está debilitando la Sunedu y el gran mensaje que se les está dejando a las familias y a los jóvenes es que el Estado ya no tiene todas las herramientas para asegurar que aquello que hay en el mercado educativo tiene condiciones básicas de calidad.
Ahora, el ministro de Educación (Rosendo Serna) tiene que transparentar su posición en torno a la contrarreforma. Y si él y el presidente (Pedro Castillo) hacen caso a los informes técnicos del Minedu, deberían observar la iniciativa. Y si no lo hacen, ya quedará claro cuál es su posición. El caso debe ir al TC, allí dirán que no se vulnera la autonomía.
Fuente: La Republica
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